El comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, confirmó que los cinco días de permiso que recibió el general Juan Miguel Huertas, salpicado por presuntos vínculos con las disidencias, tienen que ver con una decisión que busca evitar que siga firmando documentos en el comando de personal, luego de ser sancionado por la Procuraduría.
«Como esas sanciones tienen un proceso y el nominador del general es el Presidente de la República, este debe firmar el decreto. Entonces la decisión que se tomó es darle el permiso para que organice su defensa y designar una persona que siga haciendo la administración del personal. Todos los días se están firmando documentos y no puede quedar eso en un vacío», explicó.
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La decisión de apartar provisionalmente al general fue comunicada por el propio procurador general, Gregorio Eljach, con el objetivo principal de blindar el proceso disciplinario que busca esclarecer sus presuntos vínculos con las disidencias de alias “Calarcá” y la supuesta conformación de una empresa de seguridad privada diseñada para legalizar el arsenal del grupo armado.
El jefe del ente de control explicó que la determinación responde a la gravedad de los hechos denunciados y a la necesidad de evitar cualquier interferencia en la recolección de pruebas.
Eljach señaló que su despacho aguardaba la documentación oficial que acreditara la condición de servidores públicos de los investigados para proceder con las medidas cautelares, las cuales se ajustaron debido a la conmoción que generó la noticia en el país.
Sobre el procedimiento y la severidad del caso, el Procurador manifestó que “estaba esperando las respuestas de mostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer y en la medida en que vayan llegando, se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración”.
La investigación disciplinaria cobró fuerza tras la apertura oficial de la indagación el 24 de noviembre por parte de la Sala Disciplinaria de Instrucción. Todo el material probatorio que hoy compromete a los altos funcionarios surgió de un análisis forense realizado a varios dispositivos electrónicos, como computadores y memorias USB, que las autoridades incautaron el 23 de julio de 2024 en un puesto de control militar en Anorí, Antioquia.
En aquel operativo, la fuerza pública detuvo una caravana de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a siete cabecillas del Estado Mayor Central, incluido alias «Ramiro». Aunque la Fiscalía ordenó la libertad de los disidentes por su estatus de gestores de paz, los dispositivos electrónicos quedaron bajo cadena de custodia.
Su contenido permaneció en reserva durante más de un año hasta que un informe periodístico reveló los archivos que exponían comunicaciones directas entre los oficiales y el grupo ilegal.
Entre los hallazgos más delicados que motivaron la intervención de la Procuraduría se encuentra una carta del 8 de febrero de 2024. El documento detalló una reunión presencial en Bogotá donde el general Huertas propuso presuntamente la creación de una empresa de seguridad privada bajo un modelo de sociedad de mitad y mitad.
El plan consistía en que el oficial se encargaría de tramitar toda la documentación legal ante las autoridades, mientras que las disidencias aportarían el personal humano y el armamento. La estrategia buscaba iniciar operaciones con 20 hombres para obtener permisos de porte de pistolas y luego escalar a fusiles, lo que permitiría a los armados movilizarse por el territorio nacional bajo una fachada de legalidad empresarial.
Los documentos analizados indicaron que el general Huertas, quien fue reintegrado al servicio durante el actual Gobierno, tras haber sido retirado en 2022, ofreció garantías para que los disidentes no fueran detenidos en los puestos de control de la Fuerza Pública, valiéndose de su cercanía con el alto Gobierno y su cargo estratégico en el manejo de personal.
Por otro lado, la investigación señaló a Wilmar Mejía como una pieza fundamental para la estructura criminal desde la Dirección Nacional de Inteligencia.
Testimonios y archivos apuntaron a que Mejía entregó información privilegiada sobre movimientos de tropa en zonas críticas como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, lo que facilitó que los ilegales evadieran operativos militares.
También se le vinculó con reuniones en Venezuela y Colombia para avanzar en el negocio de la empresa de seguridad, aunque el funcionario negó los hechos y calificó la situación como un montaje.
Colprensa
