Se estarían presentando irregularidades en el contrato para el alumbrado público que maneja la compañía en la capital vallecaucana.
Pese a las advertencias técnicas, jurídicas y disciplinarias conocidas en las últimas semanas, se estaría considerando reactivar el proceso de modernización del alumbrado público de EMCALI sin corregir los vacíos detectados.
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Ante este escenario, fueron radicadas nuevas denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que se investiguen hechos concretos que comprometen la transparencia y la legalidad de un contrato cuyo valor supera los 120 millones de dólares.
Las denuncias describen actuaciones que no se ajustan al manual interno de contratación, omisiones en la publicidad obligatoria del proceso en el SECOP II, modificaciones a indicadores financieros sin soporte técnico, así como falencias en la etapa de “claridades”, lo que afecta los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.
Estas anomalías aparecen dentro de un proceso que podría alcanzar los 500.000 millones de pesos.
Las preocupaciones aumentaron luego de las visitas realizadas por la Procuraduría General de la Nación los días 13 y 18 de noviembre, donde se documentaron deficiencias graves en la planeación del proyecto, incluyendo la falta de la actualización del Plan Maestro de Alumbrado Público y otros insumos técnicos esenciales.
A esto se suma el contrato por $2.800 millones suscrito con la firma Moreno Servicios Legales S.A.S., el cual, según reconoció la propia empresa ante el ente de control, no fue recibido a satisfacción por EMCALI.
Debido a la gravedad de los hechos expuestos y para evitar que el proceso avance sin correctivos de fondo, las denuncias solicitan que la Fiscalía investigue las actuaciones de todas las personas que intervinieron en la estructuración, validación y dirección del proceso, incluyendo a Roger Mina, gerente general de EMCALI, y Guadalupe Guerrero, secretaria general de la entidad, con el fin de establecer si su participación se ajustó o no a las obligaciones legales y administrativas correspondientes.
La revisión técnica y jurídica fue realizada por un equipo independiente de abogados, peritos y especialistas en contratación pública, entre ellos el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quienes evaluaron el manual interno, los documentos del proceso y las actuaciones adoptadas.
“El material revisado permitió presentar denuncias sólidas, basadas en documentos oficiales, visitas de organismos de control y hechos verificables. Es necesario esclarecer lo que ocurrió y proteger el patrimonio público”, afirmó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia y exjuez de la República.
El 29 de noviembre de 2025, EMCALI anunció la suspensión temporal del proceso. Sin embargo, la posibilidad de reanudarlo sin atender plenamente los hallazgos conocidos ha incrementado la preocupación ciudadana y la necesidad de un escrutinio más riguroso.
La Veeduría solicita a EMCALI la entrega completa e inmediata de toda la información requerida, garantizando un proceso transparente, ajustado a la ley y libre de interferencias indebidas.
