El Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la equidad regional, proyectando un aumento real del 44% en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) entre 2022 y 2026. Según cifras oficiales, el presupuesto pasará de $61,4 billones a $88,4 billones (a precios constantes de 2026).
Ante la preocupación de mandatarios locales por la disminución del 48% en la última doceava distribuida recientemente, el Ministerio de Hacienda explicó que este recorte no es permanente. Se debe a la aplicación de los artículos 356 y 357 de la Constitución y la Ley 715 de 2001, que exigen ajustar las transferencias cuando el recaudo real de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) es inferior a lo presupuestado.
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Puntos clave de la situación financiera
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Ajuste por recaudo: En 2024, el recaudo efectivo fue menor al esperado en la Ley de Presupuesto, lo que obligó a realizar un ajuste técnico en el último giro para equilibrar las cuentas.
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Crecimiento en 2026: El presupuesto para el próximo año ya fue sancionado y representa un incremento del 7,8% nominal frente a 2025.
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Protección constitucional: El SGP es una transferencia protegida que utiliza un promedio móvil de cuatro años para evitar que las caídas repentinas en el recaudo afecten drásticamente a los municipios.
Actualmente se tramita en el Congreso el Proyecto de Ley 302 de 2025 (Ley de Competencias). Esta iniciativa busca que el SGP alcance el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en un plazo de 12 años, otorgando mayor autonomía y recursos a departamentos como los de nuestra Orinoquía.
Finalmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Hacienda evalúan alternativas jurídicas para mitigar el impacto en el flujo de caja de las alcaldías, garantizando que los servicios básicos de salud, educación y saneamiento no se vean comprometidos.
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