Carlos Roncancio
La Electrificadora de Santander, filial del Grupo Empresarial EPM, ostenta hoy una calificación crediticia triple A. Sus estados financieros reflejan solidez y rentabilidad. Sin embargo, el mercado haría bien en preguntarse si esa calificación está incorporando adecuadamente un riesgo que no aparece en los balances, pero que históricamente ha sido detonante de crisis empresariales: la mala gestión de la negociación colectiva.
La empresa enfrenta una negociación con los trabajadores afiliados a SINTRAELECOL en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa. No se trata de un conflicto puntual, sino de uno de alcance departamental, con impacto potencial sobre toda la operación en Santander y sus zonas de influencia.
La dirección de la compañía ha optado por una estrategia conocida y repetidamente fallida: proteger utilidades y satisfacer exclusivamente a los accionistas, aun cuando la empresa es rentable, trasladando el ajuste a los trabajadores mediante desmejoras laborales y debilitamiento del diálogo social.
Desde la perspectiva de la OIT, la OCDE y los criterios ESG, este enfoque no protege la sostenibilidad; por el contrario, incuba riesgos. El derecho de huelga no es una amenaza financiera, es una señal de alerta frente a fallas graves en la gobernanza laboral. Deslegitimarlo, gestionarlo desde el miedo o la estigmatización, es una señal inequívoca de deterioro en la “G” de ESG.
Para el mercado, el mensaje debe ser claro: los conflictos laborales no destruyen valor cuando se reconocen y gestionan; lo destruyen cuando se niegan. Y cuando esto ocurre en una filial de un grupo empresarial como EPM, el riesgo deja de ser local y se vuelve reputacional y sistémico.
Las calificaciones crediticias no suelen caer por sorpresa. Caen porque no se escucharon a tiempo las señales que venían desde el interior de la empresa.
Hoy, esa señal existe.
