En una decisión orientada a garantizar la «unidad procesal» y evitar nulidades, la Fiscalía de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación de cargos por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.
La determinación no implica el cierre del proceso contra el funcionario, sino su traslado al Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía busca que una sola unidad de investigadores tenga la visión integral del caso, analizando dos frentes simultáneos: ¿Quiénes dispararon y quiénes ordenaron el crimen? Y si existió una desatención deliberada o negligente a las solicitudes de refuerzo del esquema de seguridad que el senador Uribe Turbay había solicitado meses antes de su muerte.
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En los próximos días, la fiscal de Administración Pública y el equipo especial de investigadores realizarán una mesa técnica. El objetivo es valorar los elementos materiales probatorios recolectados hasta ahora, especialmente aquellos que sugieren que la UNP pudo haber ignorado alertas tempranas sobre el riesgo inminente que corría el precandidato.
Con esta movida jurídica, el ente acusador busca blindar el proceso ante posibles jugadas de la defensa que alegaran falta de competencia de la fiscalía seccional frente a un equipo especial ya conformado por resolución desde junio de 2025.
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