La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso decisivo en la vigilancia de los entes territoriales al formular pliego de cargos contra 16 concejales de Florencia (Caquetá) del año 2022.
La investigación se centra en la aprobación de un acuerdo municipal que pretendía convertir a la empresa de servicios públicos Aguas de Florencia S.A.S. en un operador catastral, una función que, según el Ministerio Público, es totalmente ajena a su naturaleza legal.
Según la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá, los cabildantes habrían incurrido en una extralimitación de funciones al incluir el catastro multipropósito dentro del objeto social de la empresa de acueducto.
Los argumentos de la entidad son claros: Las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen un marco legal estricto que no incluye la gestión catastral. Por ley, la gestión catastral corresponde al IGAC o a esquemas asociativos territoriales autorizados, no a empresas prestadoras de servicios públicos.
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La medida cobija a una amplia mayoría de la corporación de aquel entonces, incluyendo a seis concejales que actualmente ocupan sus cargos:
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Nolberth Almario, Jhon Andrade, Martha Cabrera, Luz Stella Castro, Heidy Cerquera, Martha Cortés, Eyder Cifuentes, Neyson González, Álvaro Hernández, Estefanía Núñez, Camilo Penagos, Carlos Rubiano, Diego Silva, Gersaín Torres, Jovanny Vásquez y William Vera.
La conducta ha sido calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave. Esto significa que, de ser hallados responsables, los implicados podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos, lo que afectaría directamente la conformación actual del Concejo de la capital caqueteña.
Foto Colprensa
