El panorama jurídico de Colombia se ha vuelto a tensionar tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal acogió la ponencia del magistrado Carlos Camargo, paralizando las facultades extraordinarias que el Ejecutivo había invocado para enfrentar la crisis social y económica.
A través de sus canales oficiales, el presidente Petro no ocultó su descontento, vinculando la decisión judicial con una supuesta protección a los sectores más pudientes del país. El mandatario aseguró que, al hundir la emergencia, se busca salvar el impuesto a los «megarricos», trasladando el costo de la crisis a la sociedad en general.
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También advirtió que la sociedad colombiana deberá juzgar quién pagó los efectos de las altas tasas de interés y la especulación financiera.
Ante la incertidumbre, el jefe de Estado aclaró un punto técnico crucial: La decisión de la Corte rige hacia el futuro y los decretos que se alcanzaron a expedir antes de la suspensión siguen vigentes y gozan de presunción de legalidad hasta que la Corte se pronuncie de fondo.
La ponencia de Carlos Camargo logró una mayoría sólida, argumentando que es necesario evaluar si las razones de la emergencia eran realmente imprevisibles o si podían gestionarse mediante leyes ordinarias en el Congreso. Por ahora, el país queda a la espera de la sentencia definitiva de la Sala Plena.
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