El nuevo escándalo en Colombia está siendo objeto de estudio y discusión en el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio, que se está llevando a cabo en Bogotá y que cuenta con la participación de importantes Magistrados y Exmagistrados de las Altas Cortes del país. Por lo que le piden al recién extraditado y cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’ que no solo haga llegar las pruebas y revelaciones que dice tener a las autoridades de Estados Unidos sino también a las colombianos.
«Esta denuncia es gravísima, de abrirse una investigación y hallarse responsable, tanto el Gerente de Campaña como el propio Presidente Gustavo Petro podrían enfrentar una pena mínima de entre 4 y 8 años; pero es importante aclarar que solo el audio revelado al país en las últimas horas, no constituye una prueba sólida. Es fundamental siempre recaudar el suficiente material probatorio y hacer las valoraciones reales y con la mayor rigurosidad, para poder lograr la existencia de una motivación justa en cuanto a la adecuación típica de una conducta de una persona y su participación en determinado delito», afirmó el abogado y moderador de este encuentro, José Luis Moreno.
En este importante panel hacen presencia magistrados de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia como Carlos Roberto, Solórzano, Juan Carlos Espeleta, Gerardo Barbosa e Hilda González, así como la Magistrada Magda Victoria Acosta del Consejo Nacional de Disciplina Judicial y otros de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al igual que Jordi Nieva Fenoll Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, España.
En este orden de ideas, estos representantes de la Rama Judicial están analizando cómo en medio de un contexto marcado por macrocasos complejos como este de las financiaciones ilegales de campañas, las presiones mediáticas y procesos judiciales cada vez más tecnificados, se pueden minimizar los riesgos de la arbitrariedad probatoria, la automatización sin controles suficientes y la ausencia de estándares claros para motivar las decisiones judiciales.
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