La construcción de los Centros Vida en Florencia, diseñados para atender a los adultos mayores, se encuentra en el ojo del huracán. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra servidores y particulares de la Gobernación del Caquetá por presuntas irregularidades en un contrato que supera los $3.500 millones.
Uno de los hallazgos más alarmantes que motivó la intervención del Ministerio Público es la certificación y autorización de un pago superior al 50 % del valor total de la obra, apenas nueve días después de haberse firmado el acta de inicio. Esta velocidad en el desembolso de recursos públicos ha levantado serias sospechas sobre la veracidad de los avances reportados.
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La indagación también busca establecer otros puntos críticos como verificar si la obra inició sin los permisos legales previos. También se investiga el pago de actividades no ejecutadas, así como irregularidades en el manejo del Protocolo de Bioseguridad y el Plan de Manejo Ambiental.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá revisará si hubo incumplimiento en el tiempo pactado y si se realizaron trabajos irregulares tras el vencimiento del contrato.
La investigación se extiende a quienes ejercieron las funciones de supervisión e interventoría, tanto del contrato de consultoría como del de obra. La Procuraduría busca determinar si las especificaciones técnicas pactadas se cumplieron o si, por el contrario, los recursos para los abuelos del Caquetá terminaron en una ejecución deficiente o inexistente.
