El trágico naufragio que en diciembre vistió de luto a una familia española en el sudeste asiático da un giro indignante. El tribunal de Indonesia que juzga el caso reveló este lunes que el capitán del barco turístico donde fallecieron cuatro personas de un mismo núcleo familiar adquirió su licencia de navegación «mediante pago» y «sin haber recibido ningún tipo de formación».
Por estos hechos de flagrante negligencia, el tribunal condenó al capitán, de 55 años, a una pena de 3,5 años de cárcel. Según el dictamen de los magistrados, el acusado era plenamente consciente de que carecía de los conocimientos técnicos necesarios para tripular la embarcación y, aun así, decidió ponerse al frente de la ruta turística.
Una cadena de negligencias letales en Komodo
El accidente ocurrió la noche del 26 de diciembre en las inmediaciones de la isla de Padar, una de las zonas más visitadas del turístico Parque Nacional de Komodo. Sin embargo, la investigación judicial sacó a la luz que la cadena de errores e irregularidades era mucho más profunda.
En el momento exacto en que la nave KM Putri Sakinah comenzó a hundirse, el capitán ni siquiera estaba al mando del timón. El control del barco lo tenía el jefe de máquinas, quien tampoco contaba con la habilitación legal para realizar dicha maniobra. Al igual que el capitán, este tripulante había comprado su certificado de ingeniero sin pasar por ninguna academia. Por su responsabilidad en el siniestro, fue condenado a 2,5 años de prisión.
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«La carencia de formación constituye una forma de aceptar de manera consciente el riesgo de un incidente con consecuencias fatales», sentenció el tribunal compuesto por tres jueces indonesios.
El dolor de las víctimas y la exigencia de más culpables
En el siniestro lograron sobrevivir únicamente dos ciudadanas españolas (una madre y su hija menor) junto a los miembros de la tripulación local. Tras dos semanas de intensa búsqueda en el mar, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de Fernando Martín —exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF—, su hijo, y una hija de su pareja, Andrea Ortuño (superviviente). Los restos de otros dos familiares nunca fueron localizados.
Tras conocerse los escandalosos detalles de las licencias compradas, los familiares de las víctimas emitieron un comunicado donde expresaron su total desconocimiento sobre el fraude de los títulos. Además, exigieron que las investigaciones no se detengan con estas dos condenas.
Los puntos clave que exige la familia a la justicia son:
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Investigar las contrataciones: Identificar y procesar a las empresas o particulares que contrataron conscientemente a personal no habilitado.
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Revisar los controles marítimos: Determinar la responsabilidad de las autoridades portuarias que permitieron la libre operación de la embarcación en condiciones de riesgo.
La tragedia pone en el foco internacional los controles de seguridad y la corrupción en el sector turístico marítimo de Indonesia, un destino que recibe miles de viajeros europeos cada año.


