La Contraloría y una auditoría forense identificaron presuntas irregularidades financieras, fallas en el manejo de recursos públicos y debilidades de control interno. Los informes también mencionan actuaciones durante la administración del exgerente Jaime González, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.
La EPS Coosalud enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia luego de que una auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República y una auditoría forense identificaran una serie de presuntas irregularidades financieras, administrativas y operativas que comprometerían la estabilidad de la entidad y podrían derivar en la revocatoria de su habilitación y una eventual liquidación.
De acuerdo con los informes, la EPS registra incumplimientos en los indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas, además de un deterioro progresivo de su situación financiera, con aumento del pasivo, altos niveles de endeudamiento y riesgos de iliquidez.
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La Contraloría también advirtió deficiencias en la información contable, problemas en la gestión de cartera, incumplimientos en el régimen de inversiones que respalda las reservas técnicas y un incremento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionados con la prestación de los servicios de salud. Entre los hallazgos figura además la existencia de más de 72.000 entregas de medicamentos pendientes, situación que impactaría directamente a los afiliados.
Por su parte, la auditoría forense documentó una serie de operaciones que, según sus conclusiones, podrían constituir presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entre ellas se menciona el uso de recursos de la EPS para respaldar un crédito privado por $221.000 millones, pagos por más de $25.000 millones a empresas vinculadas cuya justificación deberá ser verificada por las autoridades, así como una posible integración contable entre la EPS y otras sociedades relacionadas.
Informe auditoria forense – CooSalud EPS.pdf
Los documentos también hacen referencia a una posible utilización de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para gastos no asistenciales, conflictos de interés en procesos de auditoría médica, debilidades en los mecanismos de control interno y una estructura de gobernanza que, según los auditores, presenta falencias que deberán ser evaluadas por los organismos competentes.
Los informes mencionan actuaciones ocurridas durante la administración del exgerente Jaime González, quien aparece relacionado con decisiones que hacen parte del análisis de los organismos de control. Sin embargo, las auditorías aclaran que sus conclusiones no constituyen un juicio jurídico, sino que documentan hechos que deberán ser valorados dentro de las investigaciones correspondientes.
INFORME CONTRALORIA COOSALUD E.P.S. Vig 2025.pdf
La situación se suma a la alta inestabilidad administrativa de la entidad, que registró ocho representantes legales en menos de dos años durante el proceso de intervención.
Las autoridades continúan adelantando las actuaciones necesarias para determinar si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales derivadas de los hechos identificados. Mientras tanto, el futuro de Coosalud y la continuidad de la atención para miles de afiliados permanecen bajo la evaluación de los organismos de control y de la Superintendencia Nacional de Salud.
