La directora nacional del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, afirmó que durante la gestión de Astrid Cáceres hubo más de 70 asesores en el despacho. La exdirectora rechazó los señalamientos y pidió una rectificación.
El cruce surgió después de que Cáceres cuestionara el presupuesto del ICBF incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027. La exdirectora sostuvo que la partida de 11,97 billones de pesos representa un recorte y expresó inquietudes por la continuidad de varias vinculaciones y subsidios.
Restrepo respondió desde su cuenta de X con críticas a gastos que atribuyó a la administración anterior. Además de los asesores que, afirmó, estuvieron en el despacho de Cáceres, indicó que existía una planta de 35 asesores.
La directora nacional aseguró que algunos contratistas recibían honorarios cercanos a 15 millones de pesos mensuales más prima técnica. En la misma publicación describió labores logísticas y de mantenimiento básico para uno de los asesores mencionados.
También cuestionó pagos por oficinas que, de acuerdo con las fotografías adjuntadas a su publicación, permanecían vacías. El señalamiento incluyó un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por esas instalaciones.
Astrid Cáceres rechazó las acusaciones y solicitó a Restrepo una rectificación por “calumnias”. Planteó que los señalamientos pueden verificarse mediante la planta de personal, contratos, actos administrativos, estudios de necesidad, registros presupuestales y otros documentos oficiales del ICBF.
La exdirectora sostuvo que no deben presentarse cifras aisladas ni mezclar funcionarios de planta con contratistas, omitir los periodos de vinculación o sus funciones, y usar esos datos para atribuir un despilfarro como un hecho demostrado.
Por ello pidió divulgar los soportes documentales completos de las acusaciones, con nombres, cargos, modalidades de vinculación, fechas, dependencias, funciones, estudios técnicos y contratos. Cáceres anticipó que la confrontación continuará en los estrados judiciales e insistió en que la información institucional debe hacerse pública para contrastar las imputaciones formuladas por la dirección actual del ICBF.
