El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), anunció la recuperación del predio San Martín, un baldío reservado de la Nación que abarca 428 hectáreas en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
Este terreno, que fue declarado en extinción de dominio en 1994 por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), había sido objeto de ocupación y comercialización irregular durante más de 30 años.
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Ahora, las autoridades se encuentran trabajando para regularizar la situación y garantizar los derechos de las familias campesinas que han habitado y cultivado estas tierras durante décadas.
En una reunión celebrada con los actuales ocupantes del predio, el Subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Arturo Romero Cabezas, informó a la comunidad sobre la recuperación material del terreno y el inicio de un proceso que permitirá adjudicar títulos de propiedad a aquellos ocupantes que cumplan con los requisitos legales establecidos.
«La tranquilidad de los ocupantes del predio San Martín no fue ni será alterada. Frente a las familias vinculadas al proceso, se firmó un acta de entrega provisional con la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manizales Alto, para la custodia, conservación y explotación del predio, hasta que se titule este baldío reservado a quienes lo han venido explotando y son sujetos de reforma rural integral», explicó Romero.
El predio San Martín está ubicado a unos 50 minutos del casco urbano de La Jagua de Ibirico, en una pendiente montañosa que atraviesan las veredas Manizales Bajo y Manizales Alto.
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Durante años, las nueve familias campesinas que residen allí han sustentado su economía mediante la agricultura, utilizando documentos irregulares, como cartas de venta y escrituras, sin saber que el terreno era en realidad un bien baldío de la Nación, destinado a beneficiar a campesinos sin tierra.
Belkys Claro, presidenta de la JAC de Manizales Alto, celebró la intervención del Gobierno y destacó la importancia de la medida. “Gracias al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Tierras, hoy sabemos que podemos ser dueños legales de estas fincas que han sido nuestro sustento. Esto es posible por el compromiso del presidente Petro con los derechos de los campesinos”, expresó Claro.
Con esta intervención, la ANT da un paso importante hacia la implementación de la Reforma Agraria en Colombia. El objetivo del Gobierno es garantizar que las tierras baldías de la Nación sean utilizadas de manera justa, beneficiando a las familias campesinas que más lo necesitan.
Esta acción refleja un compromiso con la justicia social y la formalización de la propiedad rural en un país donde la distribución de la tierra ha sido históricamente desigual.