El 16 de enero se registró una de las jornadas más violentas contra firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, dejando a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, sumergida en una grave crisis humanitaria.
Al menos cuatro excombatientes de las FARC fueron asesinados en una serie de ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los enfrentamientos con la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), liderada por Calarcá Córdoba.
La Defensoría del Pueblo estima que los seis días de violencia dejaron al menos 60 muertos y 450 familias desplazadas, aunque el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, sostiene que las cifras ascienden a 80 víctimas fatales y 5.000 desplazados. Las principales víctimas han sido firmantes de paz, quienes han sido declarados objetivo militar por los grupos armados en disputa.
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Persecución contra firmantes de paz
Los homicidios de excombatientes comenzaron en El Tarra, donde Pedro Rodríguez Mejía fue sacado de su vivienda y asesinado.
En la vereda La Libertad, municipio de Convención, fueron asesinados Jhan Carlos Carvajalino Quintero y Jhon Freddy Carrascal García.
En Teorama, Albeiro Díaz Franco fue ultimado en el corregimiento de San Pablo.
También se investiga la posible muerte de Yurgen Martínez Delgado, reportado inicialmente entre las víctimas.
Estos excombatientes habían adelantado su reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio. Ante los recientes asesinatos, las comunidades y firmantes de paz de la región declararon una “asamblea permanente en defensa de la vida” y exigieron a los grupos armados respetar a la población civil y a quienes han apostado por la paz.
Crisis humanitaria y peticiones urgentes
La Defensoría del Pueblo reportó el secuestro de tres firmantes en Convención y Teorama, aunque la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) sugiere que la cifra podría ascender a ocho desaparecidos. Además, 45 firmantes han solicitado ser evacuados hacia zonas seguras.
Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz, denunció que el ELN busca imponer su control territorial a través de la violencia. Camilo González Posso, jefe del Gobierno en los diálogos con la disidencia, advirtió que el ELN declaró como objetivo militar a los firmantes de paz.
El gobierno nacional prepara refugios temporales en Cúcuta para atender a los desplazados. Por su parte, organismos internacionales, como la ONU, analizarán esta crisis en su próxima sesión del Consejo de Seguridad, donde se expondrán los “crímenes de guerra” del ELN en Catatumbo.
Mientras tanto, los habitantes del Catatumbo continúan enviando alertas urgentes para que cesen los actos violentos que atentan contra los derechos humanos en la región.