Sancionan a militares por seguimiento ilegal; Después de 5 años de investigación, la Procuraduría reconoció la responsabilidad de miembros del Ejército en el perfilamiento y seguimiento ilegal de periodistas, en una operación denunciada en mayo de 2020 por la revista Semana, a través de la publicación «Las carpetas secretas».
Según la Procuraduría, 9 miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar realizaron actividades ilegales de seguimiento, perfilamiento y recolección de datos en contra de 130 personas, de las cuales al menos treinta eran periodistas.
De acuerdo con lo revelado por Semana y ahora confirmado por la Procuraduría, los miembros del Batallón de Ciberinteligencia Militar recolectaron datos sobre las fuentes, geolocalización e información sobre la vida privada y profesional de periodistas como María Alejandra Villamizar (Caracol Televisión), Nicholas Casey (The New York Times), el fotógrafo Federico Ríos, y Andrea Aldana y Óscar Parra (Rutas del Conflicto), entre otros.
Los periodistas, vinculados a medios nacionales e internacionales, estaban investigando asuntos de orden público como la posible reactivación de las ejecuciones extrajudiciales y el desvío de recursos en el Ejército y la Policía.
María Alejandra Villamizar entrevistó a Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, y por ello, dentro de la operación ‘Hábil’, se autorizó el seguimiento en su contra.
En marzo de 2019, altos mandos militares —incluido el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes— autorizaron al coronel Julio Tobías López Cuadros requerir información sobre la periodista al Batallón de Inteligencia Militar Estratégica 4.
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En el caso de Nicholas Casey, Federico Ríos, Andrea Aldana y otros medios, también se realizaron actividades ilegales por orden del brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna.
Los datos recolectados evidenciaron que el Ejército vinculó injustificadamente a Andrea Aldana y Óscar Parra con grupos guerrilleros.
La Procuraduría advirtió que las herramientas de inteligencia deben usarse para la seguridad nacional y no para violar la privacidad, la libertad de expresión ni la reserva de las fuentes periodísticas.
Los nueve sancionados son: el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, los coroneles Juan Esteban Zapata Cifuentes, Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros, Milton Eugenio Rozo Delgado, Hugo Armando Díaz Hernández, los mayores Mauricio Quintero Arias, Eduardo de la Torre Díaz, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que la vigilancia ilegal tuvo efectos graves en el ejercicio periodístico, generando miedo, autocensura y afectando investigaciones sobre el conflicto armado y la corrupción estatal.
La entidad apeló la decisión de la Procuraduría, que clasificó la falta como grave y no gravísima, lo cual resultó en sanciones leves: suspensión e inhabilidad de entre 3 y 6 meses para ejercer cargos públicos.
A pesar de los avances disciplinarios, en lo penal no se han registrado progresos significativos, según la FLIP.
(Colprensa)