La Corte Suprema de Justicia concluyó este viernes que el proceso penal contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, debe continuar en el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, tras descartar que las conductas que se le atribuyen tengan relación funcional con el cargo que ocupaba.
De acuerdo con la imputación formulada el pasado 4 de junio por la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte, Manrique Soacha habría hecho parte de una organización criminal conformada entre 2023 y 2024 por funcionarios, contratistas y particulares, que se dedicó al direccionamiento ilegal de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), especialmente en La Guajira.
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Los contratos —valorados en más de $100.000 millones de pesos— estaban relacionados con la atención de emergencias humanitarias e incluían la compra de carrotanques, plantas desalinizadoras y adecuaciones de sistemas de agua. Según la Fiscalía, en ese esquema se pactaron sobornos, se falsificaron documentos y se desviaron recursos públicos.
El nombre de Manrique aparece vinculado por presuntamente facilitar o promover la adjudicación de contratos a empresarios aliados, a cambio de beneficios económicos. Uno de los episodios citados en la audiencia menciona que entre enero y marzo de 2024 habría recibido $3.000 millones de pesos por una coima asociada a un contrato con la Corporación Yapurutu.
Durante la audiencia de imputación, la defensa de Manrique argumentó que, como ocupó el cargo de director de Función Pública entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, y dado que las imputaciones se relacionaban —según dijo— con su labor institucional, el proceso debía ser asumido por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en virtud del fuero constitucional que lo cobijaba.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que las conductas no se ejecutaron en desarrollo ni con ocasión de funciones legales o reglamentarias del cargo que desempeñaba. Esta postura fue respaldada por el Ministerio Público y las víctimas acreditadas en el caso. Ante la controversia, la juez que presidía la audiencia resolvió remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema para resolver el conflicto de competencia.
En su decisión, adoptada en sesión ordinaria realizada en Sincelejo (Sucre), la Corte explicó que el fuero especial para juzgar a exdirectores de departamentos administrativos solo aplica si los hechos punibles imputados tienen una relación funcional directa con las funciones legales del cargo.
La Sala precisó que los actos atribuidos a Manrique Soacha se habrían dado “en el marco de acuerdos informales, de índole personal o político”, y no dentro de sus funciones como director de Función Pública, cuya labor está enfocada en coordinar el Sistema de Gestión del Talento Humano y asesorar al Presidente de la República en esa materia.
Por tanto, al no evidenciarse un nexo sustancial entre los hechos y las funciones del cargo, la Corte concluyó que no procede aplicar el fuero constitucional. En consecuencia, ordenó que el trámite continúe en el juzgado de garantías de Bogotá, donde se inició la actuación penal.
La decisión no admite recurso alguno y fue notificada a todas las partes involucradas. La audiencia continuará en el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que será el encargado de decidir sobre las medidas judiciales que correspondan en esta etapa del proceso.
(Colprensa)