El Paro Nacional Arrocero, iniciado el 14 de julio de 2025, se mantiene firme ante lo que los productores consideran una falta de compromiso del Gobierno Nacional para abordar la crisis del sector.
Convocado por el Comité Nacional de Paro Arrocero, liderado por organizaciones como Dignidad Agropecuaria Colombiana, el movimiento denuncia la negligencia e improvisación del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Agricultura, en la atención a las demandas de los arroceros de diez departamentos, incluyendo Tolima, Huila, Meta, Casanare, Sucre, Córdoba, Arauca, Guaviare, Santander y Norte de Santander.
Una mesa de diálogo frustrada
Tras 28 reuniones previas que no lograron soluciones concretas, los productores acudieron a una mesa de negociación convocada el 17 de julio en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esperando la presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
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Sin embargo, los líderes arroceros denuncian que la ministra condicionó su asistencia al levantamiento del paro, un hecho que consideran una burla al derecho legítimo a la protesta y un nuevo desplante hacia las familias movilizadas.
Esta situación llevó al Comité Nacional de Paro Arrocero a retirarse de la mesa, argumentando falta de seriedad y compromisos claros por parte del Gobierno.
Una crisis que amenaza la economía rural
El sector arrocero enfrenta una situación crítica que pone en riesgo la sostenibilidad de miles de productores y la seguridad alimentaria del país. Según los manifestantes, las principales problemáticas incluyen:
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Caída drástica de precios: El precio por carga de arroz paddy verde (125 kg) ha disminuido de $235.000 en 2024 a $170.000 en julio de 2025, generando pérdidas por hectárea de entre $1.500.000 y $2.200.000.
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Pérdidas económicas: En el primer semestre de 2025, el sector reportó pérdidas por $297.000 millones, con una proyección de $772.000 millones para el segundo semestre si no se toman medidas urgentes.
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Sobreproducción y competencia desleal: Un inventario de 534.940 toneladas de arroz, sumado a importaciones de países como Ecuador, Perú y Estados Unidos, ha saturado el mercado, afectando la rentabilidad de los productores locales.
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Falta de regulación: La ausencia de parámetros claros para evaluar la calidad del arroz (humedad, impurezas) permite abusos por parte de la industria molinera, que reduce el anticipo de pago del 25% al 15% y demora los pagos finales hasta 45 o 50 días, asfixiando financieramente a los agricultores.
Demandas del sector arrocero
Los productores exigen soluciones estructurales para garantizar la viabilidad del cultivo, que genera más de 400.000 empleos rurales en 210 municipios. Entre sus principales demandas están:
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Fijación de un precio mínimo de entre $205.000 y $220.000 por carga de arroz paddy verde, ajustado según costos regionales.
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Control al contrabando y revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que permiten importaciones que compiten deslealmente con la producción nacional.
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Alivios financieros para reestructurar deudas y facilitar acceso a créditos con condiciones favorables.
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Regulación de la cadena de comercialización para evitar prácticas abusivas por parte de los grandes molinos.
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Reducción de la Tasa por Uso de Agua (TUA) y revisión de cobros parafiscales que incrementan los costos de producción.
Bloqueos y afectaciones en el país
El paro ha generado bloqueos intermitentes en vías estratégicas de departamentos como Tolima (Saldaña, Chicoral, Gualanday), Huila (Campoalegre, Tesalia, Neiva), Meta (Llano Lindo, vía Bogotá-Villavicencio), Casanare (Aguazul), Arauca (Tame), Sucre (La Mojana), Córdoba (Lórica, Tierra Alta) y Santander (Sabana de Torres). Los cierres, que operan bajo la modalidad de seis a diez horas de bloqueo por una hora de paso, han causado interrupciones en el transporte de bienes y combustibles, generando preocupación por posibles desabastecimientos en regiones como Huila, Caquetá y Putumayo.
Respuesta del Gobierno: insuficiente y tardía
El Ministerio de Agricultura ha propuesto medidas como la “libertad regulada de precios”, que establecería precios mínimos regionales, pero los arroceros consideran que esta iniciativa carece de claridad y tardará al menos un mes en implementarse, lo que no resuelve la urgencia de la crisis.
Asimismo, el Gobierno anunció una bolsa de $21.900 millones para apoyar la comercialización, con incentivos diferenciados de $15.000 por carga para pequeños productores y $9.750 por carga para medianos productores.
Sin embargo, estas medidas han sido calificadas como insuficientes por los manifestantes, quienes exigen la presencia directa de los ministros de Agricultura, Comercio y Ambiente, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio y representantes de la industria molinera, en una mesa de negociación seria.