En Colombia, el hambre se ha convertido en una causa silenciosa de deserción universitaria.
Según información suministrada por 21 universidades públicas del país, cerca del 75% de los estudiantes matriculados en programas de pregrado pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que equivale a aproximadamente 517 mil jóvenes provenientes de los hogares más vulnerables.
Esta realidad, que permanece muchas veces invisible, obliga a miles de estudiantes a abandonar las aulas no por bajo rendimiento académico, sino simplemente por no tener cómo pagar su alimentación diaria.
Frente a esta problemática, el Congreso de la República debate hoy una propuesta que podría cambiar esta situación estructural: el Proyecto de Ley 574 de 2025, que crea el Programa Nacional de Alimentación Universitaria (PAU), una política pública diseñada para garantizar alimentación gratuita y nutritiva a los estudiantes de las universidades públicas del país.
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Para el representante a la Cámara Julián David López Tenorio, autor y ponente de la iniciativa y quien se perfila como el próximo presidente de la Cámara de Representantes, este programa es mucho más que un apoyo complementario.
“Este programa será una herramienta para mejorar la permanencia educativa, el rendimiento académico, el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación de la cobertura de los programas de alimentación actuales”, enfatizó el congresista, citando el artículo 1 del proyecto.
Y es que el informe de ponencia elaborado por López Tenorio revela una verdad alarmante: mientras el presupuesto nacional asignado a las universidades públicas creció en un 23% durante 2023, el número de estudiantes matriculados apenas aumentó en un 3%. La razón es clara y dramática.
“Muchos jóvenes no pueden acceder a la educación superior o se retiran por causa de problemas socioeconómicos para solventar gastos de matrícula, transporte y alimentación”, explicó el representante caucano, quien ha insistido en que el Estado no puede permitir que el hambre continúe expulsando a los estudiantes de las universidades públicas.
El Programa Nacional de Alimentación Universitaria está diseñado para cubrir a la totalidad de los estudiantes de pregrado en universidades públicas del país, implementando dos modalidades: plato servido, que deberá ser subsidiado en un 100% por las universidades públicas, y subsidios económicos —bonos alimentarios— en aquellas instituciones donde no sea posible la entrega física del plato.
Las universidades estarán obligadas, además, a priorizar a estudiantes en estado de gestación o lactancia, estudiantes con discapacidad, estudiantes víctimas del conflicto armado y estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, garantizando así un enfoque diferencial.
Desde el punto de vista fiscal, el programa representa una inversión razonable y eficiente.
La proyección realizada en el informe de ponencia concluye que la implementación total del PAU tendría un costo estimado de 770.338 millones de pesos anuales, equivalentes apenas al 1% del presupuesto general del Ministerio de Educación Nacional para 2025.
En palabras del representante López Tenorio, “es una inversión social mínima si consideramos que está en juego el futuro educativo de miles de jóvenes colombianos que no abandonan las aulas por falta de capacidad académica, sino porque literalmente no tienen cómo alimentarse”.
El proyecto, además, propone un modelo de alimentación responsable y sostenible.
Las universidades públicas deberán priorizar la compra de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales, asociaciones campesinas y organizaciones de agricultura familiar y comunitaria, generando un impacto positivo en el campo colombiano, reduciendo intermediarios y fortaleciendo las economías regionales.
El Programa Nacional de Alimentación Universitaria no solo se limita a alimentar.
Su estructura incluye educación nutricional para promover hábitos alimentarios saludables, un sistema nacional de monitoreo y evaluación, informes públicos anuales y la obligación de diseñar menús balanceados con estándares de calidad. Se trata, según sus impulsores, de dignificar el bienestar estudiantil y reconocer que el derecho humano a la alimentación es también un derecho fundamental para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior.
Con este proyecto de ley, el Congreso enfrenta de manera directa el hambre silenciosa que afecta a miles de estudiantes universitarios en todo el país.
La decisión que tome será histórica: brindarle a cientos de miles de jóvenes colombianos una solución real frente al hambre, rompiendo el círculo de la exclusión y convirtiendo el acceso a la alimentación universitaria en una política pública garantizada por ley.
Si es aprobado, el Programa Nacional de Alimentación Universitaria – PAU se convertirá, sin duda, en uno de los logros sociales más significativos del país en los últimos años.