La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Giovanni Gabriel Gil Sequera, alias “Roky”, e Isaac Semaais Pérez, alias “Camaleón”, por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un joven domiciliario.
Los hechos, ocurrieron el pasado 12 de agosto en una zona rural de Villavicencio.
La investigación, liderada por un fiscal especializado del Gaula de la Seccional Meta, reveló un plan macabro orquestado contra un joven de 18 años que trabaja como domiciliario.
El caso comenzó cuando la víctima fue contactada a través de una plataforma digital para un servicio de transporte en el norte rural de la ciudad. Al llegar al lugar, fue retenido, golpeado, amarrado y despojado de sus pertenencias, incluyendo la motocicleta en la que se desplazaba, sumiéndolo en un estado de terror y vulnerabilidad.
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Los procesados, de nacionalidad extranjera, habrían contactado a los familiares del joven mediante llamadas y mensajes de texto, exigiendo dinero a cambio de su liberación. Las comunicaciones incluían videos desgarradores que mostraban al afectado en estado de indefensión, acompañado de amenazas de muerte.
La Fiscalía estableció que la motocicleta de la víctima fue trasladada por un menor de edad a un taller, donde le extrajeron el GPS, que posteriormente fue vendido. El dinero obtenido fue entregado a los imputados, evidenciando la participación de terceros en la red delictiva.
Gracias a la labor de la Policía de vigilancia, el vehículo fue recuperado en el barrio San José.
La madrugada del 14 de agosto, “Roky” y “Camaleón” fueron capturados en flagrancia en la vereda Buenavista, con los zapatos de la víctima y la sim card utilizada para las extorsiones como pruebas irrefutables.
Mientras tanto, el joven logró escapar de sus captores y se escondió en una zona boscosa, donde fue encontrado por miembros de la Defensa Civil y la Policía Nacional, quienes le brindaron el apoyo necesario tras su traumática experiencia.
Durante la audiencia, el fiscal imputó a los detenidos los delitos de secuestro extorsivo, desaparición forzada, uso de menores en la comisión de delitos, utilización ilícita de redes de comunicación y hurto calificado agravado. Ambos rechazaron los cargos, pero el juez, tras evaluar las evidencias, dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario.