La Red de Veedurías de Colombia lanzó una alarmante denuncia ante la opinión pública y las autoridades competentes, alertando sobre una grave situación en el Putumayo.
Según la organización, Corpoamazonia estaría modificando instrumentos normativos de ordenamiento ambiental bajo el pretexto de una “compilación y actualización”, un proceso que, de acuerdo con los denunciantes, vulnera el derecho fundamental a la consulta previa y deja en desamparo a comunidades campesinas e indígenas que dependen del territorio.
La controversia surge en torno a un proyecto de la corporación ambiental que busca declarar cerca del 70 % del municipio de Mocoa como reserva, sin realizar la consulta previa obligatoria.
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Esta medida, presentada como un trámite administrativo, ha sido calificada por la Red de Veedurías como una maniobra irregular que favorece intereses particulares y amenaza el desarrollo sostenible de la región.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, señaló que “le pedimos a la Procuraduría General de la Nación que active todos los controles necesarios frente a este proyecto, que fue publicado de manera agazapada, a escondidas de la gente y sin consulta previa”.
Bustos afirmó que el proceder de Corpoamazonia constituye una clara violación de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 que regula el Sistema Nacional Ambiental, y el Convenio 169 de la OIT, que protege el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y tribales.
“Estamos ante actuaciones ilegales que desconocen el principio de buena fe, el debido proceso y el deber de proteger la Amazonía como patrimonio ambiental de la Nación”, agregó.
La Red de Veedurías exige la suspensión inmediata de este atropello, la investigación de la legalidad de los actos administrativos y la sanción a los responsables de vulnerar derechos colectivos. La organización subraya que la voz de las comunidades amazónicas, guardianas del territorio, debe ser respetada y no silenciada por intereses ocultos.
“La Amazonía es un bien sagrado, no un botín para unos pocos. Colombia necesita instituciones ambientales transparentes, comprometidas con la vida y con el futuro de la Nación. Atentar contra los pueblos amazónicos es atentar contra la democracia, la biodiversidad y el interés colectivo”, expresa el comunicado.