La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra servidores públicos indeterminados de la Alcaldía de San José del Guaviare por presuntas irregularidades en la contratación de una persona como enlace municipal de víctimas durante 2025, a pesar de la existencia de un Centro Regional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRARIV) en el municipio.
El ente de control indaga si en 2024 se cumplió con la eliminación de dicha figura, considerada redundante y técnicamente innecesaria debido a que el CRARIV ya asume las funciones de articulación, acompañamiento y coordinación institucional.
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Según la ley, el enlace municipal solo es válido en ausencia de un centro regional, lo que plantea dudas sobre la pertinencia de la contratación. Además, la Procuraduría ordenó recopilar material probatorio para verificar si la acción se ajustó a la legalidad y si implicó un uso indebido de recursos públicos, potencialmente infringiendo principios constitucionales de la función pública.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Guaviare subrayó que esta actuación busca garantizar la correcta implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas, reforzando su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal.