La Justicia respaldó a los trabajadores de Cenit, filial de Ecopetrol encargada de la logística y distribución de hidrocarburos, al declarar un silencio administrativo positivo mediante la Resolución 3334 del 26 de agosto de 2025 del Ministerio del Trabajo, protocolizado en la Notaría 10 de Círculo de Bogotá.
Esta decisión obliga a la compañía a instalar de inmediato una mesa de negociación colectiva, so pena de sanciones, tras más de dos años de inacción frente a un pliego de peticiones presentado desde 2023 por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO).
Este martes, los trabajadores adelantan un plantón en el norte de Bogotá para presionar a la empresa y enviaron un mensaje contundente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al Gobierno de Gustavo Petro.
“Este pliego de peticiones fue presentado de manera oportuna desde hace dos años y siete meses, entendiera uno si esta desavenencia se hubiera dado en el Gobierno anterior de derecha, pero no cree uno posible que lo estemos viviendo este, que supuestamente manifiesta en público ser el gobierno de los trabajadores, pero sus acciones muestran otra cosa al seguir desconociendo estos derechos fundamentales, y le pedimos al Presidente de la República y de Ecopetrol, que tampoco desconozcan la aplicación colectiva del trabajo USO- Ecopetrol, establecida para estos trabajadores desde febrero de 2021”, Ariel Corzo, líder sindical de la SUO.
El silencio administrativo positivo, regulado por el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), protege a los ciudadanos ante la inactividad de la administración pública.
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Si Cenit no cita la mesa de negociación de inmediato, el Ministerio del Trabajo podría imponer sanciones por violar este mecanismo jurídico, un precedente que fortalece la posición de los trabajadores.
William Silgado, presidente de la SUO y vocero de los empleados, denunció que la implementación del proyecto OPES, que elimina puestos de trabajo, ha exacerbado el conflicto.
Hace unas semanas, la falta de diálogo los llevó a interponer una denuncia penal contra compañeros de otra ala del sindicato, así como contra Cenit y Ecopetrol.
Estos procesos están ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, ya que la ausencia de la mesa de negociación impidió resolver las diferencias por conductos internos.
