El grupo criminal transnacional Tren de Aragua ha solicitado formalmente al Gobierno de Gustavo Petro su inclusión en la política de Paz Total.
A través de una carta firmada por su presunto fundador, Larry Amaury Álvarez Núñez, la organización propone diálogos exploratorios para una desmovilización ordenada y un sometimiento a la justicia, abriendo un acalorado debate sobre los límites éticos y legales de negociar con redes mafiosas internacionales.
El documento, fechado el 1 de octubre de 2025 y dirigido a la Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, delega la representación legal de Álvarez en el controvertido exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera y su suplente, Kalev Giraldo Escobar.
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En la misiva, el Tren de Aragua –con presencia en Colombia y varios países sudamericanos– expresa su disposición a contribuir al «desmantelamiento ordenado y verificable» de su estructura, alineándose con precedentes de sometimiento colectivo en la historia colombiana.
Entre las solicitudes clave figuran la suspensión temporal de procesos de extradición contra Álvarez y su designación como «Gestor de Paz«, una figura contemplada en la Paz Total para facilitar transiciones a la legalidad.
Así mismo, enfatizan que no buscan eludir responsabilidades judiciales, sino aprovechar las herramientas jurídicas existentes para un proceso de reinserción y prevención.
Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido oficialmente, pero la mera existencia de esta propuesta ha polarizado opiniones en un país aún marcado por el trauma de décadas de conflicto armado.
