La Procuraduría General de la Nación instó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a resolver la crítica situación humanitaria de 23 familias de la comunidad indígena Zaragoza 5, del pueblo Jiw, que han vivido durante nueve años en el antiguo hospital de Puerto Concordia, Meta, un espacio inhabitable que impide el ejercicio de sus usos y costumbres ancestrales.
Las 74 personas afectadas enfrentan condiciones precarias de hacinamiento, falta de servicios básicos y aislamiento cultural, agravadas por el desplazamiento forzado sufrido desde 2016 debido al conflicto armado en la región amazónica.
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El Ministerio Público solicitó a la UARIV informar las acciones realizadas para garantizar el acceso de la comunidad al Registro Único de Víctimas (RUV), requisito esencial para recibir reparación integral.
También, detallar si cuenta con predios disponibles en el Fondo para la Reparación de las Víctimas destinados a comunidades étnicas en la zona, y el procedimiento para solicitar su asignación.
Finalmente, valuar la viabilidad de una oferta voluntaria de predios presentada por la Personería Municipal, que propone reubicar a la comunidad en la vereda Palomas, asegurando su pertinencia cultural y territorial.
