El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, sorprendió al país al salir en defensa del presidente Gustavo Petro y de su familia, luego de que el Gobierno de Estados Unidos los incluyera en la llamada Lista Clinton, una medida que implica sanciones financieras, restricciones bancarias y aislamiento internacional frente al sistema económico estadounidense.
En declaraciones a varios medios de comunicación, Idárraga afirmó que “hay que seguir teniendo la cabeza en alto, seguir abriendo los caminos de diálogo con el gobierno americano y poder salir de esa crisis lo más pronto posible, pero siempre manteniendo la dignidad”.
La frase, que pretendía sonar prudente, terminó generando controversia por la posición institucional del funcionario. La Secretaría de Transparencia fue creada para garantizar la integridad de la gestión pública, no para intervenir en disputas diplomáticas o en la defensa política del presidente. En términos simples, su función es vigilar la transparencia del Estado, no justificar decisiones ni sanciones que involucren a su propio jefe.
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Analistas consultados por el sistema informativo Nación Colombia, del que hace parte Nación Paisa, señalaron que el pronunciamiento de Idárraga configura un conflicto de interés institucional: “quien debe promover la lucha contra la corrupción no puede convertirse en defensor político de los sancionados”. Además, recordaron, que los asuntos relacionados con sanciones internacionales son competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, no de oficinas adscritas a la Presidencia. El analista, quien además hace parte del equipo diplomático del actual gobierno, pidió que no revelaran su nombre.
El episodio deja una pregunta abierta sobre los límites entre transparencia y lealtad política. Mientras la Casa de Nariño guarda silencio, la intervención del Secretario deja la sensación de que el discurso anticorrupción del gobierno ha sido desplazado por una defensa personalista del poder. En diplomacia y en ética pública, la línea es clara: quien está llamado a vigilar la transparencia no puede convertirse en su abogado de oficio.
