Lo que comenzó como una propuesta discursiva ha pasado al plano de los hechos. El ministro Armando Benedetti confirmó que ya ha firmado el documento que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Con este movimiento, el Ejecutivo busca saltarse el bloqueo legislativo en el Congreso y acudir directamente a la «soberanía popular» para reformar las instituciones del Estado.
El ministro, pieza clave en el engranaje político del presidente Gustavo Petro, señaló que este paso es necesario ante la imposibilidad de tramitar las reformas sociales por las vías tradicionales. La firma del decreto o resolución de convocatoria marca un punto de no retorno en la relación del Gobierno con las cortes y el poder legislativo.
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La firma de Benedetti es solo el primer paso de un proceso que enfrentará una batalla jurídica sin precedentes. Según la Constitución de 1991, el Congreso debe aprobar una ley para convocar al pueblo a votación.La Corte debe revisar la legalidad del proceso y la redacción de la convocatoria. En las urnas, al menos la tercera parte del censo electoral debe votar a favor para que la Constituyente sea una realidad.
La oposición ha calificado la medida como un «golpe a la democracia» y un intento de perpetuarse en el poder, mientras que los sectores afines al Gobierno celebran la medida como la única forma de desatascar las transformaciones que el país «votó en 2022».
Imagen del Ministerio del Interior
