El representante Julio César Triana radicó junto a Jaime Arizabaleta un proyecto para sancionar el vandalismo cometido con el rostro cubierto durante manifestaciones. La propuesta contempla penas de 54 a 96 meses de prisión y abre su trámite en el Congreso de la República.
Alcance de la ley anti capuchos
La iniciativa plantea además multas entre 50 y 200 salarios mínimos para quienes oculten su identidad al incurrir en actos vandálicos en el marco de protestas.
Triana sostuvo que el agravamiento de las conductas llevaría a que esos delitos no fueran excarcelables. El congresista afirmó que su planteamiento no busca castigar el uso de la capucha ni limitar el derecho a la protesta.
El proyecto se concentra, indicó, en el ocultamiento de identidad cuando este se emplee para cometer vandalismo. Triana señaló que la propuesta responde al rechazo frente a quienes usan una capucha para vandalizar y luego permanecen en la impunidad.
Agravantes previstos en el proyecto
El texto incorpora un agravante si se utilizan explosivos o artefactos peligrosos contra bienes del Estado. En esas circunstancias, la sanción podrá aumentar hasta 160 meses.
El mismo aumento podrá aplicarse si los ataques recaen sobre colegios, hospitales o infraestructura de servicios públicos.
Por su parte, Arizabaleta afirmó que la iniciativa busca sancionar penalmente esa conducta durante protestas y dar herramientas a la fuerza pública para garantizar la protesta pacífica. Con la radicación, el proyecto deberá surtir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de la República.
