La transparencia de las recientes jornadas electorales en el sur del país ha quedado en entredicho. En las últimas horas, se conoció que el Tribunal Administrativo del Meta ha requerido formalmente a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional debido al presunto incumplimiento de fallos de tutela que buscaban garantizar el derecho al voto y la transparencia en el proceso.
Esta situación no solo afecta la confianza ciudadana, sino que pone en aprietos legales a las máximas autoridades electorales del país por no atender a tiempo las órdenes judiciales emitidas en los departamentos de Meta y Guaviare.
Trashumancia en el Meta: ¿Oídos sordos al fallo judicial?
El primer foco de la polémica se sitúa en el Meta. El Tribunal Administrativo de este departamento requirió a los magistrados del CNE tras las denuncias sobre trashumancia electoral (el famoso «trasteo de votos»). Según los demandantes, no se cumplieron las disposiciones que ordenaban verificar la residencia de miles de ciudadanos inscritos bajo sospecha.
A pesar de que existía una tutela que obligaba a las autoridades a sanear el censo electoral antes de los comicios, la falta de acciones concretas llevó al Tribunal a solicitar explicaciones inmediatas. El desacato de esta orden podría acarrear sanciones severas para los funcionarios implicados.
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Crisis en las Curules de Paz del Guaviare
Por otro lado, la situación en el departamento del Guaviare es igualmente crítica. En este caso, el requerimiento judicial gira en torno a las Curules de Paz (CITREP). Un fallo de tutela buscaba proteger el derecho de las víctimas a elegir y ser elegidas, pero al parecer, las autoridades electorales no realizaron los ajustes técnicos o administrativos ordenados para garantizar la transparencia en la votación de estas zonas rurales.
El Tribunal ha sido enfático: los magistrados del CNE deben responder por qué no se acató la medida que pretendía evitar irregularidades en el conteo y la acreditación de los candidatos que representan a las víctimas del conflicto armado.
¿Qué consecuencias enfrentan los magistrados?
El requerimiento por desacato no es un tema menor. De comprobarse que el CNE y la Registraduría ignoraron deliberadamente los fallos de tutela, los responsables podrían enfrentar:
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Multas económicas sucesivas.
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Arrestos inconmutables de varios días.
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Procesos disciplinarios ante la Procuraduría por falta de garantías en el sistema democrático.
Mientras los tribunales esperan las pruebas de cumplimiento, en las regiones crece la sensación de que las garantías electorales llegaron tarde o, simplemente, nunca llegaron.
