El Consejo de Estado inadmitió la demanda que solicitaba la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, promovida por dos sindicatos del sector Defensa, al considerar que la acción fue presentada por personas jurídicas, no acreditó la condición de congresista del acusado y contenía inconsistencias de fondo como dirigir la solicitud contra el Congreso y no exclusivamente contra el senador.
El auto inadmisorio, fechado el 26 de junio y firmado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de la Sala Veintidós Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, otorgó un plazo de tres días hábiles para corregir la demanda. Entre los requisitos incumplidos, el despacho señaló que la solicitud fue promovida por el abogado Carlos Alberto Sánchez Grass en nombre de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el sindicato Sinsergen, dos personas jurídicas que no tienen legitimación para presentar este tipo de acciones.
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La Sala recordó que solo pueden promover este medio de control las mesas directivas del Congreso o ciudadanos colombianos en nombre propio, pues se trata de una acción pública con naturaleza de juicio sancionatorio de responsabilidad subjetiva. “La legitimación en la causa por activa es restrictiva, dada su naturaleza”, concluyó el magistrado.
Otro defecto señalado en el auto fue que no se anexó la acreditación de Miguel Uribe Turbay como senador expedida por la Organización Electoral Nacional, exigencia establecida en el artículo 5 de la Ley 1881 de 2018. Para el Consejo de Estado, ese documento es imprescindible para dar certeza sobre la calidad del congresista demandado y constituye una garantía procesal dentro del debido proceso.
Asimismo, se advirtió que, aunque la demanda identificaba como acusado a Uribe Turbay, también se dirigía contra el Congreso de la República, lo cual va en contra de la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, que debe concentrarse únicamente en el congresista al que se le atribuye la falta.
La demanda presentada el 20 de junio señalaba que el senador incurrió en proselitismo político el 7 de junio, antes del periodo permitido por la Registraduría Nacional, y que ese día fue víctima de un atentado armado “por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”, hecho que, a juicio de los demandantes, fue consecuencia directa de una conducta ilícita y no puede considerarse atenuante.
Además, afirmaron que Uribe actuó con dolo y voluntad deliberada, aprovechando su cargo como congresista para promover su aspiración a la Presidencia en 2026. Invocaron normas constitucionales y disciplinarias, y citaron jurisprudencia sobre imparcialidad y abuso de poder electoral.
La Asociación Nacional de Servidores Públicos Civiles No Uniformados del Ministerio de Defensa (ASERVIDEM) rechazó la acción judicial promovida por UTC y Sinsergen. En un comunicado, la organización lamentó que la demanda se presentara mientras el senador Uribe permanece en cuidados intensivos tras recibir dos disparos en la cabeza.
“Presentar una demanda contra una persona que se encuentra en cuidados intensivos, luchando por su vida, constituye un acto de profunda insensibilidad humana que va en contra de los principios básicos de solidaridad y respeto por la dignidad humana”, expresó la junta directiva del sindicato.
ASERVIDEM también pidió que se retire la acción judicial y exhortó a las organizaciones promotoras a “demostrar que el movimiento sindical está por encima de las diferencias políticas cuando se trata de la vida humana”.
En su pronunciamiento, el Ministerio de Defensa se desmarcó del sindicato Sinsergen al señalar en redes sociales que sus acciones “no representan ni comprometen, en ningún caso, la posición institucional de esta cartera”.
El Consejo de Estado dejó abierta la posibilidad de que los solicitantes subsanen los defectos dentro del plazo establecido. Para ello, deberán excluir a las personas jurídicas, actuar como ciudadanos, aportar la acreditación oficial del senador y ajustar formalmente el contenido de la demanda, incluyendo las notificaciones electrónicas exigidas por ley.
Uribe Turbay continúa hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El atentado, ocurrido durante uno de los eventos proselitistas cuestionados, sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.
(Colprensa)