El panorama energético en Colombia ha entrado en una zona crítica. La Contraloría General de la República emitió una contundente alerta sobre la vulnerabilidad del sistema nacional, señalando que la combinación de proyectos retrasados, deudas acumuladas con prestadores del servicio y la falta de nuevas inversiones tienen al país al borde de racionamientos y un incremento desmedido en los precios para el usuario final.
En su informe sectorial ‘Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético 2020-2030’, el organismo de control enfatiza que, aunque existen planes en el papel, los «cuellos de botella» regulatorios y la debilidad institucional están impidiendo que las obras necesarias se materialicen a tiempo.
El drama del gas: Importar para no apagarse
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la situación del gas natural. En 2024, solo el 67% del gas extraído en el país pudo ser comercializado, debido a que el resto se queda en procesos técnicos o no cumple con las especificaciones. Esta realidad obligó a Colombia, por primera vez en su historia, a importar Gas Natural Licuado para cubrir su propia demanda.
«La autosuficiencia se agota: nos quedan apenas 5,9 años de reserva de gas y 7,2 años de petróleo», advierte la Contraloría.
La falta de infraestructura clave, como la planta de regasificación del Pacífico, aumenta el riesgo de que el interior del país sufra desabastecimiento a partir de 2026.
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Gasolina y ACPM: El fin de la era de los subsidios
El estudio también pone la lupa sobre los combustibles líquidos. Actualmente, el 40% de la gasolina motor que se consume en Colombia es importada. Esta dependencia del mercado internacional hace que la eliminación de subsidios sea una necesidad fiscal, ya que el país ya no produce todo lo que consume.
El ACPM sigue una ruta similar. Si no se impulsan nuevos proyectos de refinación, la necesidad de importar este combustible crecerá, presionando aún más el presupuesto público y los precios en las estaciones de servicio.
El reto del sector eléctrico y las renovables
A pesar de los avances en cobertura, todavía hay 1,3 millones de viviendas en Colombia sin luz, una brecha que requiere una inversión superior a los $32 billones. A esto se suma la incertidumbre sobre la entrada en operación de los 1.200 MW restantes de Hidroituango.
Para que la transición hacia energías renovables sea exitosa y el sistema no colapse, la Contraloría recomienda:
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Flexibilidad operativa: Implementar urgentemente bancos de baterías para almacenar energía.
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Revisión de metas: Subir la meta de almacenamiento (actualmente en 1.500 MW) para que sea coherente con la nueva generación solar y eólica.
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Fondo Único (Fonenergía): Consolidar los recursos para evitar que se queden sin ejecutar por una gestión fragmentada.
Un llamado a la soberanía nacional
En medio de un contexto internacional volátil por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, la Contraloría hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome decisiones estructurales. No se trata solo de expandir la cobertura, sino de asegurar que haya gas y energía real para abastecer a esos nuevos usuarios.
La advertencia es clara: sin una reactivación exploratoria y sin puertos de importación eficientes, la seguridad energética de los colombianos y la estabilidad de sus bolsillos están en juego.
