La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo contundente contra el exgobernador del Meta, Juan Manuel González Torres, sentenciándolo a 234 meses y un día de prisión (equivalentes a 19 años y medio). El exmandatario fue hallado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, cometidos de forma continuada durante su gestión entre 2006 y 2007.
Además de la pena privativa de la libertad, el alto tribunal impuso una multa astronómica de 21.685 millones de pesos y ordenó el pago de 1.433 millones de pesos como indemnización al departamento del Meta.
El esquema de los contratos irregulares
La investigación reveló que bajo la administración de González Torres, se suscribieron 38 contratos bajo la modalidad de «oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición». En estas operaciones, se utilizaron excedentes de liquidez del departamento para invertir en patrimonios autónomos de empresas privadas a través de diversas fiduciarias.
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El tribunal determinó que estas maniobras vulneraron la Ley 819 de 2003, la cual exige que el dinero público se invierta en instrumentos de bajo riesgo y alta rentabilidad, como títulos de deuda pública, y no en acuerdos directos con particulares.
Un hueco financiero de 87.000 millones de pesos
Los hallazgos de la Corte son alarmantes respecto al manejo del erario:
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Inversión total: Se comprometieron cerca de 182.000 millones de pesos en estas operaciones financieras.
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Recuperación fallida: Al vencerse los plazos, los contratistas solo devolvieron 94.282 millones de pesos.
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Detrimento patrimonial: Quedaron pendientes por reintegrar 87.717 millones de pesos que pertenecen a los ciudadanos del Meta.
Sin beneficios de casa por cárcel
El fallo es tajante al negar al exgobernador cualquier beneficio de suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria. La Corte concluyó que González Torres faltó a sus deberes de control y vigilancia como ordenador del gasto, permitiendo que contratistas privados se apropiaran de recursos públicos.
Por lo anterior, se ha ordenado su captura inmediata una vez la sentencia quede en firme para que cumpla la totalidad de su condena en un centro carcelario. Asimismo, quedó inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público.
