La fragilidad democrática en Perú ha vuelto a quedar al descubierto. A menos de dos meses de que los peruanos acudan a las urnas para elegir un nuevo gobierno, el mandatario interino José Jerí se enfrenta a una ofensiva legislativa que podría convertirlo en el octavo jefe de Estado en desfilar por el cargo en menos de una década.
Las alarmas se encendieron tras denuncias sobre presuntas reuniones irregulares y un esquema de tráfico de influencias que vinculan directamente al entorno del mandatario. Según las acusaciones que circulan en el Congreso, se habrían gestionado favores políticos y contratos a cambio de apoyo legislativo. Además, existen registros de visitas no oficiales que el Gobierno no ha podido justificar plenamente.
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En un mensaje que busca calmar las aguas, el presidente interino ha negado tajantemente cualquier irregularidad. «No he cometido ningún acto ilegal. Estas acusaciones son intentos de desestabilizar el proceso electoral en curso», afirmó Jerí, quien asumió el cargo con la misión principal de conducir al país hacia las elecciones de abril.
El Congreso peruano, conocido por su rapidez para activar mecanismos de control, ya tiene sobre la mesa varias mociones de censura. Si los votos alcanzan la mayoría calificada Jerí debería abandonar el cargo. De conseguirse los votos requeridos para la destitución de Jerí, el presidente del Congreso o quien designe la línea de mando asumiría el poder por apenas unas semanas.
Imagen de la BBC
