En un hecho sin precedentes en el sindicalismo petrolero colombiano, la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), perteneciente a la Unión Sindical Obrera (USO), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de su propia organización y contra Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial del Grupo Ecopetrol.
El presidente de la SUO, William Silgado Paterna, explicó que la denuncia se sustenta en la presunta violación de los derechos de reunión y asociación, contemplados en el artículo 200 del Código Penal Colombiano. Según Silgado, esta decisión se dio tras lo que califican como una imposición autoritaria: el retiro unilateral del pliego de peticiones aprobado por más de 1.500 trabajadores, sin consulta previa, ordenado por el presidente nacional de la USO, César Loza.
“Es lamentable tener que acudir a la justicia penal contra nuestra propia organización. Pero no nos dejaron otro camino”, señaló el dirigente sindical.
Un conflicto de vieja data
Las tensiones no son nuevas. Desde 2019, la SUO y la dirigencia nacional han chocado por temas como el fracking, rechazado por la base sindical. El quiebre definitivo ocurrió en marzo de 2023, cuando la SUO presentó su pliego a Cenit, en línea con la convención colectiva USO–Ecopetrol. Sin embargo, en julio de 2025, Loza ordenó retirarlo sin aval de los trabajadores, lo que la SUO considera una violación a los estatutos sindicales y a la autonomía interna.
OPES y el fantasma de la privatización
El conflicto se intensifica con la puesta en marcha del proyecto OPES, una estrategia de digitalización promovida por Cenit, que según la SUO ya provocó la eliminación de al menos 75 empleos en plantas de bombeo y rebombeo del país.
Los trabajadores también denuncian jornadas extenuantes de hasta 10 días consecutivos con turnos de 12 horas, lo que contradice la política del Gobierno sobre reducción de jornada laboral.
“Estas condiciones ponen en riesgo a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Hay plantas en zonas urbanas que no podrían atender emergencias con el personal reducido”, alertó Silgado.
La SUO sostiene que detrás de esta política habría una estrategia de privatización encubierta. Al debilitar la operación interna, se justificaría la entrada de contratistas y multinacionales, que terminarían desplazando a los actuales trabajadores.
Estado ausente y justicia como último recurso
Tras acudir sin éxito al Ministerio de Trabajo, que según la SUO dejó vencer los plazos para sancionar a Cenit, los trabajadores optaron por llevar el caso a la Fiscalía General de la Nación.
“Perderíamos soberanía energética si las multinacionales toman el control de las plantas”, advirtió Silgado, quien recalcó que esta acción judicial busca garantizar la defensa de los derechos laborales, la autonomía sindical y la protección de la soberanía nacional.
Con esta denuncia, se abre un nuevo capítulo en la crisis sindical de Ecopetrol, que no solo enfrenta divisiones internas, sino también cuestionamientos sobre el futuro del sector energético en Colombia.