El panorama para miles de estudiantes del SENA y de Instituciones de Educación Superior en Colombia acaba de dar un giro importante. El reciente Decreto 0223 del 5 de marzo de 2026 ha llegado para redefinir las «reglas del juego» en la vinculación de practicantes, imponiendo condiciones que buscan formalizar la etapa formativa, pero que ya generan debate en las oficinas de recursos humanos.
Esta nueva normativa modifica apartados clave del Decreto 1072 de 2015, estableciendo que la práctica laboral ya no será vista simplemente como un apoyo administrativo, sino como un entorno estrictamente formativo con obligaciones detalladas para todas las partes.
Presencialidad: La regla de oro
Uno de los puntos más polémicos radica en la modalidad de trabajo. Según el artículo 2.2.6.3.1.3, la regla general de ahora en adelante es que las prácticas laborales deberán desarrollarse de manera presencial.
Aunque el decreto no prohíbe el trabajo híbrido o virtual, sí lo condiciona a que sea estrictamente compatible con la naturaleza de la formación y que exista un acuerdo previo y formal entre la institución educativa y la empresa. Esto obliga a los recién contratados a ajustarse a horarios que permitan asistir a las actividades formativas de sus universidades.
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Obligaciones contractuales más estrictas
Ya no bastará con un acuerdo verbal o un contrato genérico. El Decreto 0223 exige que en el contrato de aprendizaje queden consignadas explícitamente:
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La duración exacta de la práctica.
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El lugar específico de trabajo.
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La designación de un responsable de supervisión y un monitor que guíe al estudiante.
Además, el documento pone especial énfasis en la protección de estudiantes en etapa de gestación, detallando condiciones rigurosas para el despido y garantizando el respeto a la seguridad social, un derecho que las empresas deben asegurar y exigir sin excepciones.
Un cambio en el enfoque formativo
Para el Gobierno, este cambio busca que la práctica sea entendida como parte del proceso educativo y no solo como una primera experiencia laboral. Sin embargo, para muchos trabajadores jóvenes y empresas que se habían adaptado al trabajo remoto, estas nuevas exigencias administrativas y la prioridad de la presencialidad representan un reto logístico adicional.
Con la entrada en vigencia de esta norma, las empresas deberán actualizar sus registros en la Unidad del Servicio Público de Empleo y ajustar sus manuales de contratación si no quieren incurrir en sanciones por incumplimiento de la nueva ley de aprendizaje.
