La aspiración de Julio Aníbal Álvarez a la Cámara de Representantes por Nariño enfrenta un panorama jurídico complejo a pocos días de los comicios de 2026. El Comité de Transparencia Ciudadana Electoral presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, aportando material probatorio que, de comprobarse, podría derivar en la anulación de la candidatura o incluso de una eventual elección. Las acusaciones giran en torno a presuntas irregularidades en la captación de sufragios.
El eje de la controversia es un video grabado el 11 de febrero en el barrio Cantarana, en Pasto. En las imágenes aparece Wílber Murillo, quien para ese momento se desempeñaba como Subsecretario de Infraestructura Urbana. Según la denuncia, el entonces funcionario habría expresado respaldo político al candidato liberal durante una reunión comunitaria, permitiendo además la participación de delegados identificados con el Partido Liberal Colombiano en un espacio institucional de gestión pública.
Para los entes de control, estos hechos podrían configurar una posible intervención indebida en política por parte de un servidor público, así como eventuales conductas relacionadas con constreñimiento al sufragante, tipificadas en la legislación penal colombiana. Se investiga si promesas sobre la ejecución de obras públicas habrían sido utilizadas como mecanismo de presión o incentivo electoral en sectores vulnerables. Frente a la controversia, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, anunció la apertura de procesos internos y confirmó que acudirá a la justicia para esclarecer responsabilidades administrativas y penales.
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Las consecuencias para Julio Aníbal Álvarez podrían ser inmediatas si el CNE determina la existencia de violaciones al régimen electoral. La autoridad electoral tiene facultades para revocar inscripciones de candidatos antes de la jornada de votación, siempre que se acrediten pruebas suficientes. Mientras el departamento de Nariño espera claridad sobre la transparencia del proceso, el aspirante liberal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos denunciados en Cantarana.
