La Procuraduría General de la Nación sancionó a Ayllen Cristhie Vásquez Cruz, exrepresentante legal de la empresa interventora de un convenio cacaotero en el Guaviare, con destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos, debido a graves omisiones en la interventoría que causaron un daño patrimonial al Estado.
Además, se le impuso una multa de más de $1.280 millones, equivalente al doble del valor pagado por el contrato de interventoría.
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Vásquez Cruz, quien fungía como representante legal durante la ejecución del convenio financiado con recursos del Sistema General de Regalías, incurrió en las siguientes faltas:
- Omisión de informes oportunos: No informó adecuadamente a la entidad contratante sobre el estado real del proyecto ni exigió el cumplimiento del cronograma establecido.
- Falta de control sobre la planta de beneficio: No se pronunció ante la no adecuación ni operación efectiva de la planta de beneficio de cacao, un componente clave del convenio.
- Reprogramaciones injustificadas: Avaló modificaciones sustanciales y reprogramaciones sin sustento técnico.
- Validación irregular de avances: Certificó progresos sin soportes que demostraran la ejecución real de las actividades pactadas.
- Desembolsos sin control: Autorizó pagos al operador sin realizar los controles necesarios.
Estas acciones generaron un impacto negativo en la confianza ciudadana hacia la gestión pública y comprometieron la eficacia de los recursos destinados a fortalecer las famiempresas cacaoteras del Guaviare, afectando la innovación y el desarrollo empresarial en la región.
La Procuraduría calificó la conducta de Vásquez Cruz como una falta gravísima cometida con culpa gravísima, debido a la negligencia en sus responsabilidades como interventora. La sanción incluye:
- Destitución e inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado.
- Multa de $1.280 millones, calculada como el doble del valor del contrato de interventoría.
La decisión, emitida el 25 de julio de 2025, es de primera instancia y puede ser apelada ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento.