La diputada Marisela Duarte Rodríguez se pronunció este jueves tras ser notificada de la demanda de pérdida de investidura presentada en su contra por Nay Epimenio González.
La acción legal surge por los hechos ocurridos durante la sesión de la Asamblea Departamental del año pasado, en la que se llevó a cabo la elección del Secretario de la duma.
Acompañada por su esposo, el senador Josué Alirio Barrera, Duarte Rodríguez responsabilizó al expresidente de la Asamblea, Heyder Alexander Silva, por el mal direccionamiento del proceso, asegurando que esto indujo al error en la elección.
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La diputada calificó la situación como “una encerrona” orquestada por un grupo político que, según ella, busca arrebatarle su curul. También recordó otros episodios de exclusión, como su marginación inicial al momento de conformar las comisiones permanentes el año anterior, junto con la diputada Luz Mery Niño.
Por su parte, el senador Barrera calificó el proceso como irregular, señalando que no existía impedimento alguno por parte de la diputada Duarte. Argumentó que la candidata que presuntamente fue favorecida no obtuvo ningún voto y que el supuesto vínculo estrecho que se le atribuye carece de sustento.
Barrera también destacó vacíos jurídicos en el Reglamento Interno de la Asamblea Departamental respecto al manejo de recusaciones. Explicó que la Mesa Directiva debió haber resuelto inicialmente dichas recusaciones y, en caso de negarlas, remitirlas a la Comisión de Ética para su análisis. Sin embargo, esto no se cumplió. “Al no existir el procedimiento en el Reglamento Interno debe acudirse a lo indicado en la Ley 5 de 1992, y eso tampoco se hizo”, enfatizó.
El senador advirtió que en el proceso de defensa podrían quedar expuestos errores cometidos por otros diputados, quienes, según él, actuaron de manera apresurada en su afán por perjudicar a la diputada Duarte. “En su afán de hacer daño, algunos podrían terminar perdiendo su propia curul”, aseveró.
Con esta declaración, Duarte Rodríguez y su equipo legal anticipan una defensa contundente, mientras el proceso avanza en las instancias correspondientes. La controversia pone de relieve las tensiones políticas dentro de la Asamblea Departamental y deja abierta la posibilidad de nuevas repercusiones en el panorama legislativo regional.