El Departamento de Justicia del Gobierno federal estadounidense ha argumentado este lunes que la orden de un juez federal emitida el sábado para parar las deportaciones de ciudadanos venezolanos ordenada por el presidente Donald Trump «no es aplicable».
«Una directiva oral no es aplicable como si fuera un requerimiento. Las órdenes escritas son cruciales porque aclaran los vínculos de una conducta permisible», ha respondido el Departamento de Justicia al juez federal James Boasberg, responsable de la orden del sábado contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1789 que faculta al presidente para expulsar a ciudadanos de ciertos países en tiempo de guerra.
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Organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han denunciado que la Administración Trump ha incumplido una orden de un tribunal federal tras asegurar que había dos aviones con deportados en vuelo cuando se emitió la decisión judicial, por lo que los venezolanos estaban todavía bajo jurisdicción estadounidense y deberían de haber sido devueltos a Estados Unidos.
La orden verbal del juez decía que cualquier avión debía de regresar a Estados Unidos, pero la orden escrita no menciona esta circunstancia en particular y simplemente veta cualquier expulsión mientras la orden esté en vigor.
«La orden escrita, menos prolija, supone un juicio más estudiado del tribunal sobre el ejercicio adecuado de sus competencias», según los abogados del Departamento de Justicia. «El escrito prevalece», han sentenciado, según recoge la cadena CNN.
Además, recuerdan que la orden judicial, emitida a las 19.25 del sábado, «no interfiere con las competencias del presidente para realizar operaciones militares en el extranjero al amparo del Artículo II».
Este mismo lunes a las 17.00 horas (23.00, hora peninsular española) hay prevista una nueva vista del juez Boasberg, que ha rechazado una petición de aplazamiento del Departamento de Justicia.
El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada desde Estados Unidos de 238 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua a petición del presidente estadounidense, Donald Trump. El traslado se ha realizado al amparo de una ley de 1789 que da poderes especiales al presidente en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades. Colprensa – Europa Press