La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra la exalcaldesa de Puerto Rico (Meta) para el período 2020-2023, Diana María Navarro Cifuentes, por presuntas irregularidades en la aprobación y sanción de un Acuerdo Municipal que creó la Estampilla para la Justicia Familiar.
La decisión también alcanza a la exsecretaria de Hacienda, Yeimi González Camacho, y a un total de 11 exconcejales que participaron en el proceso.
Los implicados son: Elizabeth Ríos Córdoba, Rogelio Gallego García, Gustavo Riaño Ramírez, Carlos Arturo Serna García, Edwin García Martínez, Luis Fernando Guzmán Vásquez, Óscar Ortiz Aranguren, Ricardo Bazurdo Flórez, César Augusto Marín Palacio, William Alexander Ospina Vargas y Marlon Alexis Moreno Cardona.
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Según el ente de control, estos funcionarios habrían presentado, aprobado, sancionado y publicado el acuerdo para implementar el cobro de la estampilla a partir del 1º de enero de 2022, ignorando el término legal establecido por la norma, que solo permitía su vigencia dos años después de la promulgación de la ley habilitante, es decir, desde el 5 de agosto de 2023.
Esta estampilla, destinada a financiar iniciativas de justicia familiar en el municipio, generó un cobro anticipado que, para la Procuraduría, pudo haber causado inseguridad jurídica y perjudicado los intereses de la comunidad de Puerto Rico.
El ente investigador califica las faltas como graves a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario en el ejercicio de la función pública, afectando el principio de legalidad y el buen funcionamiento de la administración municipal.