El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, alertó al Gobierno Nacional y autoridades ambientales sobre un «riesgo tecnológico extremo» derivado de las operaciones de Ecopetrol S.A. y su filial Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. en la Planta Sutamarchán y el poliducto que atraviesa el municipio, solicitando una investigación integral, revisión de licencias ambientales y medidas preventivas inmediatas para evitar un desastre ambiental y humano.
En un oficio dirigido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los ministerios de Trabajo, Ambiente y Minas, la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodríguez Saavedra denunció que la planta opera productos inflamables a presiones de hasta 1.350 psi y caudales superiores a 3.000 barriles por hora, cruzando zonas pobladas con más de 800 habitantes en veredas rurales y 3.000 en el casco urbano, cerca de fuentes hídricas y ecosistemas frágiles.
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“La vida de las personas y la integridad del ecosistema están en riesgo. No podemos permitir que se siga operando bajo esquemas que degradan la prevención. De no actuar ya, podríamos estar ante un desastre previsible y evitable”, advirtió el alcalde Rodríguez Saavedra.
La Alcaldía acusa a Ecopetrol y Cenit de reducir drásticamente el personal operativo a un solo operador por turno, dejando periodos sin vigilancia, y desmantelar brigadas locales de emergencia.
Además, los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC/PAEC) y matrices de riesgo (RAM) estarían desactualizados e ineficaces, violando normas de seguridad y salud en el trabajo.
Solicitudes Urgentes
Entre las demandas específicas:
- A la UNGRD: Verificación técnica in situ inmediata y suspensión de operaciones con un solo operador por turno.
- Al Ministerio del Trabajo: Investigación por vulneraciones en seguridad laboral y restitución de brigadas permanentes.
- Al Ministerio de Ambiente y ANLA: Revisión de la licencia ambiental y posible suspensión o revocatoria por incumplimientos graves.
- A la Fiscalía: Investigación penal preliminar por omisiones que agraven riesgos de desastre.
Adicionalmente, se exige inversión social verificable en fortalecimiento de socorro, vías de acceso para emergencias y monitoreo ambiental participativo, cuestionando el déficit en compensaciones pese a los riesgos asumidos por el municipio.
