La Gobernación del Meta participó en una sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental, convocada a solicitud del sector transportador de carga, para abordar la crisis en la vía Bogotá-Orinoquía, donde un deslizamiento en el kilómetro 18+300 ha paralizado el flujo vehicular y generado pérdidas millonarias.
Representantes de la comunidad, sectores productivos y el Gobierno departamental analizaron las conclusiones del Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado el sábado anterior con autoridades nacionales, que estableció un nuevo horario de operación: cuatro horas de paso en sentido Villavicencio-Bogotá y dos horas en el sentido contrario.
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El cierre, iniciado el 7 de septiembre en Chipaque (Cundinamarca) por una caída de material que bloqueó los cuatro carriles, ha reducido la capacidad operativa de la vía en un 50%, afectando a medio país como principal corredor hacia la Orinoquía.
Los diputados departamentales resaltaron la necesidad de un estudio técnico urgente para cuantificar recursos y resolver definitivamente el punto crítico, y exigieron al Gobierno Nacional una respuesta inmediata, incluyendo la declaratoria de emergencia en coordinación con Cundinamarca.
El impacto económico es devastador: se estiman pérdidas diarias de más de 20.000 millones de pesos en comercio y hasta 50.000 millones en la economía regional durante los diez días de cierre parcial.
En el turismo, la ocupación hotelera ha caído por debajo del 35%, con cancelaciones masivas cercanas al 80%.
La Gobernación reiteró su compromiso de acompañar a gremios, empresas y transportadores afectados, mientras el concesionario Coviandina avanza en la adecuación de una variante en la vía antigua para habilitar pasos alternos.
