En un movimiento estratégico para mitigar los efectos de la crisis climática que golpea a ocho departamentos del país, el Gobierno nacional expidió este 12 de marzo de 2026 una batería de decretos bajo el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. La medida más llamativa es la creación de un nuevo impuesto a los juegos de suerte y azar operados por internet, con el que se busca recaudar fondos frescos para la reconstrucción.
Un gravamen del 16% a las apuestas digitales
A través del Decreto 0240, se estableció que las plataformas de apuestas que operan dentro y fuera del país deberán pagar un impuesto al consumo del 16%. Este porcentaje se aplicará sobre la diferencia entre el total de las apuestas captadas y los premios efectivamente pagados.
Este recaudo no es el único ajuste fiscal. El decreto también introduce:
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Normalización tributaria: Una tarifa del 19% para quienes saneen activos omitidos antes de abril de 2026.
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Impuesto al patrimonio: Se extiende a sucursales de empresas extranjeras.
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Alivios en la DIAN: Descuentos de hasta el 85% en sanciones e intereses para quienes se pongan al día antes del 30 de abril.
Inyección de $8,6 billones para las regiones golpeadas
Para que la ayuda no se quede en el papel, el Decreto 0241 adiciona una suma millonaria al Presupuesto General de la Nación. Estos recursos se distribuirán en sectores críticos que hoy sufren por el frente frío y las inundaciones.
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Alivios en servicios públicos y «crédito barato»
El factor humano es el eje de estos decretos. Pensando en las familias que lo perdieron todo, el Ministerio de Minas y Energía ordenó que las empresas de gas combustible no facturen consumos ni cargos fijos en inmuebles afectados hasta que se recupere la seguridad y el funcionamiento del servicio. Además, se darán plazos de hasta 36 meses para pagar daños en medidores o redes internas.
Por otro lado, se activó un plan de choque para la economía popular. El Fondo Nacional de Garantías respaldará hasta el 90% de los nuevos créditos para pequeños negocios y campesinos en zonas PDET y municipios vulnerables, asegurando que el costo de la garantía sea asumido por el Estado.
Apoyo social directo: Renta extraordinaria
Finalmente, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) queda facultado para realizar transferencias monetarias extraordinarias. El objetivo es claro: proteger el «mínimo vital» de los hogares damnificados mediante bonos de alimentación, agua segura y capital semilla para que los micronegocios puedan volver a levantar sus persianas.
Con estas facultades extraordinarias, los alcaldes y gobernadores ahora tienen «vía libre» para ajustar sus presupuestos sin trámites burocráticos, permitiendo que la maquinaria de ayuda llegue donde el agua aún no ha bajado.
