En el marco de los operativos realizados por el Grupo Operativo Anti Contrabando de la Gobernación del Meta, en el mes de diciembre de 2024, se logró la incautación de 400 botellas de licor y casi 600 cajetillas de cigarrillos de procedencia ilegal. Estos productos no cumplían con el pago del impuesto al consumo o estaban adulterados, en el caso del licor.
El Mayor Germán González Cruz, coordinador del grupo, informó que la mercancía confiscada tiene un valor aproximado de diez millones de pesos. Además, señaló que durante los operativos, dos establecimientos comerciales fueron sancionados con la suspensión temporal de su actividad debido a la venta de estos productos ilícitos. Los operativos fueron realizados en conjunto con la Policía Nacional, en un esfuerzo para combatir el contrabando que afecta la economía del departamento y pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Como parte de la estrategia de lucha contra el contrabando, se realizaron 560 visitas de sensibilización a comerciantes en toda la región, durante las cuales se les informó sobre las consecuencias legales de comercializar productos de contrabando o adulterados. Estas visitas fueron parte de un enfoque integral que busca no solo castigar a quienes infringen la ley, sino también educar y prevenir que más personas se vean involucradas en actividades ilegales.
El Mayor González Cruz también destacó que, como parte de los esfuerzos continuos, se continuará realizando operativos y controles en el nuevo año. Estos operativos se llevarán a cabo en coordinación con la DIAN, la Seccional de Tránsito y Transporte, SIJIN, la Policía Nacional y la Dirección Seccional de Fiscalías.
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Además, el coordinador del grupo hizo un llamado a los ciudadanos a adquirir productos únicamente en establecimientos de confianza, y a verificar que los productos tengan la estampilla correspondiente que garantice su autenticidad. De igual manera, instó a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita a la Gerencia de Rentas, asegurando que se garantiza la reserva de las identidades de los denunciantes y que podrían recibir hasta 10 millones de pesos como recompensa.
Los recursos recaudados por la comercialización de licores y cigarrillos legales son destinados a financiar proyectos sociales clave en el departamento, tales como los de salud, deporte, educación e iniciativas que buscan el bienestar de la población.