La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva dirigida al gobernador de Vichada y a 469 municipios del país, tras detectar irregularidades en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB).
Según el Informe Nacional de Monitoreo 2024 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se identificaron registros presupuestales por $5.714 millones destinados a gastos no elegibles, lo que podría comprometer el derecho fundamental al agua potable y al saneamiento básico.
El organismo de control señaló que, además de los $5.714 millones en gastos no permitidos, 87 municipios presentan registros presupuestales que requieren aclaración.
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La Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial enfatizó que los recursos del SGP–APSB deben utilizarse exclusivamente para proyectos que fortalezcan la infraestructura y la prestación de estos servicios, conforme lo establecen la Ley 1176 de 2007, el Decreto 028 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015.
Cualquier desviación de estos fondos constituye un incumplimiento legal que podría derivar en serias consecuencias.
