El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa ordenó suspender una resolución de Corpoamazonia que establecía determinantes ambientales para el municipio de Mocoa, tras comprobar que no se realizó consulta previa con el Pueblo Inga.
Esta decisión protege derechos fundamentales de las comunidades indígenas y pone en evidencia un problema nacional: la creación de reservas ambientales sin participación efectiva, lo que afecta la tenencia de la tierra, las economías campesinas y el desarrollo rural.
La resolución suspendida pretendía declarar más del 70% del territorio de Mocoa como reserva ambiental, lo que podría impactar predios campesinos, restringir el uso del suelo y limitar actividades productivas.
Le puede interesar: Tres soldados muertos y cuatro heridos en ataques del ELN en Bolívar y Catatumbo
La Red de Veedurías de Colombia alertó que Corpoamazonia busca modificar instrumentos de ordenamiento ambiental bajo una supuesta “compilación y actualización”, sin consulta ciudadana ni diálogo, violando la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el principio de buena fe.
La organización pidió a la Procuraduría General activar controles sobre estas decisiones.
Casos similares se repiten en el país:
Suroeste antioqueño (2025): Más de 37.000 hectáreas declaradas reserva temporal sin consulta, afectando agricultura, minería y turismo.
Santurbán (2025): Propuesta de reserva cuestionada por falta de claridad y diálogo con comunidades.
Catatumbo (2025): Campesinos en zonas de reserva forestal (Ley 2ª de 1959) sin posibilidad de formalizar predios.
Decreto 044 (2024): Reguló reservas temporales, pero fue rechazado por imposiciones sin concertación.
Proyectos de Ley 096 y 338 (2023-2024): Buscan regular tierras en reservas, aunque critican condiciones excluyentes para comunidades históricas.
Estos ejemplos reflejan un patrón de decisiones unilaterales que contradicen el Acuerdo de Escazú, que exige participación.
Líderes indígenas y campesinos coinciden en que la protección de la Amazonía no puede ignorar la autonomía territorial, la seguridad jurídica y los derechos de participación. De no corregirse, esta resolución podría generar conflicto social en Putumayo, enfrentando a comunidades con la institucionalidad ambiental.