La integridad de las próximas elecciones al Congreso de la República quedó bajo la lupa tras la exigencia formal de la Red de Veedurías de Colombia, que solicitó el retiro de las listas de candidatos de la senadora Berenice Bedoya y de Juan David Flórez, conocido como “el Itagüiseño”. La petición fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia y se sustenta en una serie de denuncias que cuestionan la idoneidad ética y política de ambos aspirantes de cara a las elecciones de marzo de 2026.
Entre los señalamientos más delicados contra Bedoya figuran presuntos nombramientos irregulares de familiares y adjudicación de contratos sin los debidos procesos de transparencia. Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el del acueducto de Yarumal, un proyecto cercano a los $10.000 millones de pesos, que, según las denuncias, habría sido tramitado bajo posibles irregularidades administrativas. Estas acusaciones han puesto en entredicho su gestión y su aspiración de continuar en el Legislativo.
A los cuestionamientos contractuales se suman denuncias sobre el presunto cobro de coimas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), práctica conocida popularmente como “pedir el sueldo”. De comprobarse, esta conducta constituiría una falta gravísima en el ejercicio de la función pública. Por su parte, Juan David Flórez también enfrenta escrutinio público al ser señalado como parte de la estructura política investigada, en un contexto donde la transparencia electoral se ha convertido en una exigencia ciudadana.
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La presión jurídica y social busca evitar que figuras con múltiples cuestionamientos lleguen nuevamente a las urnas en 2026. Será la Corte Suprema la encargada de evaluar las pruebas y determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. Mientras tanto, el debate sobre ética pública, control político y depuración de listas al Congreso vuelve a ocupar el centro de la discusión nacional.
