El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió este jueves la propuesta del Gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que las reformas sociales no sean aprobadas por el Congreso. Señaló que el camino será una iniciativa legislativa ciudadana respaldada por al menos ocho millones de firmas, que podría ser llevada directamente a la Corte Constitucional sin necesidad de que pase por el Legislativo.
Montealegre indicó que su respaldo a la Constituyente no obedece a una coyuntura reciente, sino a una convicción personal desde que el presidente Gustavo Petro planteó por primera vez la posibilidad de esa figura. “Antes de este pronunciamiento yo vengo apoyando la necesidad de la convocatoria de la Asamblea Constituyente desde hace muchísimos meses”, afirmó a Blu Radio.
A su juicio, en Colombia hay un bloqueo institucional que impide avanzar en transformaciones de fondo. “Estamos frente a una sociedad bloqueada”, explicó. Aseguró que la Constitución de 1991, que defendió como una de las más vanguardistas de América Latina, ya no responde a las necesidades actuales. “Hay instituciones que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”.
(También te puede interesar: Diego Cadena guarda silencio en juicio contra Álvaro Uribe)
Añadió que los mecanismos ordinarios de reforma no permiten los cambios estructurales que se requieren, ya que “el Congreso tiene límites materiales en el poder de reforma” y recordó que esa doctrina la estableció la Corte Constitucional cuando él mismo fue magistrado, al declarar inconstitucional el referendo de reelección promovido por el expresidente Álvaro Uribe.
Montealegre explicó que la convocatoria a una Asamblea Constituyente puede hacerse por ley, y que la ciudadanía tiene herramientas para proponer ese tipo de normas por medio de mecanismos de participación. “El Presidente habló de una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular”, dijo. Según su interpretación, si el 20 % del censo electoral —aproximadamente ocho millones de personas— firma una propuesta, el Congreso estaría obligado a tramitarla.
Fue más allá al sostener que, si se cumplen esos requisitos, “ese proyecto de ley no necesitaría pasar por el Congreso, sino que con ocho millones de firmas va directamente a control constitucional de la Corte y la Corte decide”.
Sostuvo que esta tesis se basa en el precedente de normas diseñadas para entidades territoriales, pero que podrían extrapolarse al ámbito nacional. “Le voy a soltar otra tesis más audaz, otra herejía constitucional”, anunció, al defender esa interpretación.
El ministro rechazó que la iniciativa sea una estrategia para eludir los controles institucionales. Dijo que todo se está planteando dentro de los mecanismos previstos por la Constitución. “No se trata de una jugadita, esto es la Constitución. Lo dice la Constitución, establece claramente que el control es posterior”, afirmó.
Explicó que la Corte Constitucional ya ha declarado inconstitucionales intentos anteriores del Congreso por imponer un control previo a los mecanismos de participación. Por eso, consideró que el proyecto para convocar una Constituyente debería ser examinado por la Corte solo después de haber sido aprobado por la ciudadanía o radicado por iniciativa popular.
Montealegre también explicó por qué el Gobierno expidió un decreto que deja sin efectos la votación del Senado que negó la convocatoria de una consulta popular sobre reformas sociales. Detalló que la medida se fundamenta en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4.º de la Carta Política.
Aclaró que en un primer momento el Gobierno consideró declarar la inexistencia del acto del Congreso, pero que, tras un debate interno, se decidió reconocer su existencia jurídica y aplicar la excepción. “Ese acto existe jurídicamente, pero es un acto contrario a la Constitución y por eso el enfoque fue de excepción de inconstitucionalidad”, explicó.
Aseguró que el Presidente tiene competencia para aplicar esta figura porque “uno de los principales garantes del respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales es el Presidente de la República”.
Frente a los cuestionamientos sobre si el Ejecutivo puede asumir funciones de control constitucional, afirmó que la jurisprudencia permite que autoridades administrativas declaren la inaplicación de normas o actos cuando son manifiestamente inconstitucionales. “La excepción de inconstitucionalidad puede ser aplicada por una autoridad administrativa frente a actos administrativos”, sostuvo.
El Ministro reconoció que ocho partidos políticos ya presentaron demandas ante el Consejo de Estado contra el decreto. Dijo que si esa corporación emite medidas cautelares, “el Gobierno tiene que cumplir las disposiciones”, pero advirtió que eso no le impide utilizar recursos para insistir en que la competencia corresponde a la Corte Constitucional.
“Desde luego que se acatará, pero eso no significa que el Gobierno no vaya a utilizar los mecanismos jurídicos que tiene para insistir en que la competencia es de la Corte Constitucional”, explicó. Añadió que el decreto ya fue enviado a esa Corte para su revisión.
Montealegre negó que el propósito de la Constituyente sea prorrogar el mandato del presidente Petro. “El presidente está por fuera, no aspira a la reelección”, dijo. Aclaró que incluso si se llega a convocar la Asamblea, sería instalada en el segundo semestre de 2025 y estaría en funciones durante el siguiente gobierno.
“Colombia, con esta tesis de iniciativa popular, el año entrante podría tener en el segundo semestre una Asamblea Nacional Constituyente ya conformada, para que el 7 de agosto un nuevo Presidente de la República pueda hacer los rediseños institucionales que necesita Colombia”, explicó.
Montealegre concluyó que su llegada al Ministerio de Justicia no tiene como único propósito defender el decreto de la consulta, sino también respaldar una eventual Asamblea Nacional Constituyente con iniciativa ciudadana.
(Colprensa)