Hoy, a partir de las 2:00 p. m., las principales plazas del país serán el escenario de una jornada de movilizaciones convocada por el presidente Gustavo Petro. El objetivo es claro: defender el incremento del 23,7 % del salario mínimo, que situó la remuneración básica en $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte), frente a la suspensión decretada por el Consejo de Estado.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo ordenó al Gobierno emitir un nuevo decreto, argumentando que la subida del 23,7 % (la más alta del siglo) carece de una justificación técnica verificable. El plazo para presentar este nuevo sustento vence precisamente hoy.
Lea también: https://nacionllanera.com/juan-jose-aux-rendirse-motivacion-posibilidades-opinion/
El presidente Petro ha sido enfático en redes sociales: «Los fallos de la justicia no pueden ir contra los derechos fundamentales de la gente porque incentivan la movilización social».
La convocatoria ha generado un fuerte choque de trenes. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial hizo un llamado urgente al respeto de la autonomía judicial, advirtiendo que las decisiones de los jueces no deben ser objeto de presiones populares, sino que deben tramitarse por las vías legales. Varios sectores consideran que llevar el debate técnico a las calles constituye una amenaza a la separación de poderes.
En vísperas de las elecciones legislativas (8 de marzo) y presidenciales (31 de mayo), el debate adquiere un tinte político inevitable. Aunque gremios y economistas advierten sobre el riesgo de una inflación disparada y la pérdida de empleos, pocos sectores políticos se atreven a oponerse frontalmente a un aumento que beneficia directamente el bolsillo de millones de trabajadores.
Foto Mauricio Dueñas Castañeda/ El Espectador
