La violencia armada, el reclutamiento de menores y los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos marcaron el 2025 en Colombia. Así lo reveló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su más reciente informe anual, que documenta 87 masacres, 150 casos verificados de reclutamiento de niños y niñas y 99 homicidios de defensores vinculados directamente con su labor social.
El reporte, que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, advierte que el país enfrenta un escenario de persistente control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, con impactos directos sobre comunidades rurales y población étnica.
Durante 2025, la ACNUDH recibió reportes de 87 masacres. De estos casos:
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53 fueron verificados
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16 están en proceso de verificación
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18 fueron considerados no concluyentes
En total, se registraron 174 víctimas: 147 hombres, 20 mujeres, cuatro niños y tres niñas.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca. Según el informe, en el 95 % de las masacres verificadas la presunta responsabilidad recayó en organizaciones criminales y grupos armados no estatales, y en el 75 % de los casos la motivación estaría relacionada con disputas por economías ilícitas.
La ONU señaló que la violencia entre grupos armados —y entre estos y la Fuerza Pública— impactó con mayor intensidad zonas como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, además de 11 departamentos, entre ellos Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó y Guaviare.
Estas confrontaciones derivaron en desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores.
El informe también menciona la persistencia del llamado “Plan Pistola”, mecanismo de ataques dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública, especialmente en Antioquia y la región Caribe. De acuerdo con cifras oficiales citadas por la ONU, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 resultaron heridos.
Uno de los capítulos más delicados del informe es el reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos armados no estatales.
En 2025, la oficina verificó 150 casos, correspondientes a 98 niños y 52 niñas. Además, confirmó la muerte de 17 niños y 13 niñas que habían sido reclutados en departamentos como Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander.
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La ACNUDH también incluyó la muerte de menores en al menos cuatro bombardeos realizados en el marco de operaciones militares, en los que fallecieron ocho niños y siete niñas.
En materia de personas defensoras de derechos humanos, la ONU recibió 207 reportes de homicidios. De estos, en 99 casos verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. En otros 39, confirmó que eran defensores, pero no logró establecer un nexo causal con su actividad.
El informe también alertó sobre el incremento de violencia política de cara al escenario electoral de 2026. Se documentaron 18 homicidios y 126 casos de ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos.
Además, se destacó una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que identificó 649 municipios en riesgo alto y urgente, lo que evidencia la magnitud del desafío en materia de seguridad electoral.
A este panorama se suma una situación que preocupa a la ONU: el recorte presupuestal que obligó a reducir casi el 50 % del personal en Colombia y cerrar tres oficinas regionales en Medellín, Neiva y Villavicencio.
Según el informe, esta disminución impactó la capacidad de monitoreo en los territorios, la asistencia técnica a instituciones y la incidencia en políticas públicas.
En relación con la política de “Paz Total”, la ACNUDH señaló que, durante el periodo evaluado, estos procesos “en la mayoría de los casos no lograron prevenir violaciones y abusos”, como homicidios de defensores o reclutamiento de menores, ni garantizar espacios de participación segura para las comunidades.
Entre las 26 recomendaciones entregadas al Estado colombiano se encuentran:
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Garantizar la implementación plena del Acuerdo de Paz.
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Fortalecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
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Aprobar la política nacional de garantías para personas defensoras.
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Reforzar estrategias de prevención e investigación frente al reclutamiento infantil.
El informe de la ONU sobre derechos humanos en Colombia durante 2025 no solo presenta cifras: expone un escenario en el que la violencia armada, la disputa por economías ilegales y la fragilidad institucional siguen afectando a las comunidades más vulnerables.
Con un año electoral en puerta y una capacidad reducida de monitoreo internacional, el llamado del organismo es claro: evitar un deterioro mayor de los derechos humanos y colocar a las víctimas en el centro de las decisiones.
