La tensión política en Colombia alcanzó un nuevo pico este viernes tras un fuerte intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque. La chispa que encendió la mecha fue la reciente decisión del Ministro de Hacienda, Germán Ávila, de abandonar la junta del Banco de la República como señal de protesta por el alza de 100 puntos básicos en las tasas de interés.
Ante la solicitud de Duque de suspender al ministro Ávila por presuntamente «negar una responsabilidad constitucional», el presidente Petro no tardó en reaccionar a través de su cuenta de X, recordándole a su antecesor que su tiempo en la Casa de Nariño ya terminó.
El fantasma de 2021 en la discusión
Petro defendió la postura de su jefe de cartera y arremetió contra la gestión económica del gobierno anterior. El mandatario comparó la situación actual con la crisis de 2021, señalando directamente a Alberto Carrasquilla como el detonante del estallido social.
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«Usted señor Duque, no es el presidente», sentenció Petro, añadiendo que mientras en el gobierno anterior fue el pueblo el que exigió la salida de su Ministro de Hacienda, su gabinete actual trabaja por el «mayor bienestar de la historia». Según el jefe de Estado, la insistencia de Duque en intervenir en las decisiones actuales responde a un deseo de recuperar el poder a través de funcionarios que hoy son candidatos.
¿Por qué se retiró el Ministro de Hacienda?
El fondo de la disputa radica en la política monetaria del país. El ministro Germán Ávila cuestionó duramente el incremento en las tasas de interés, asegurando que medidas de este tipo golpean directamente el bolsillo de los ciudadanos:
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Créditos más caros: Dificulta el acceso a vivienda y consumo.
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Capacidad de compra: Se reduce el poder adquisitivo de los hogares.
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Impacto en el empleo: La desaceleración económica podría frenar la creación de puestos de trabajo.
Mientras Duque exhorta a la Procuraduría General de la Nación a intervenir, el Gobierno Nacional se mantiene firme en que su retiro de la junta es una postura política legítima en defensa de la economía popular.
